El combate contra el lavado de activos y la corrupción en Ecuador requiere mayor rigor procesal y transparencia institucional para evitar el uso discrecional de la reserva judicial.
Este año, el Gobierno ha hecho públicas una serie de acciones contra el lavado de activos vinculadas al crimen organizado y a la corrupción política.. Se han anunciado procesos penales y se han decomisado fondos, gestiones que ayudan, pero que no bastan para lograr una real justicia.. Un proceso penal riguroso exige peritajes y una formulación de cargos que permita identificar y sancionar a los verdaderos autores… Las autoridades, en más de una ocasión, se
han excusado de dar detalles de estos procesos, alegando que se trata de documentos reservados, una figura que preocupa cuando se usa de manera discrecional, pues se activa según el caso que se trate.. .. Esa misma cautela que se invoca cuando interesa, debió aplicarse con igual rigor en investigaciones donde no hay pruebas contundentes, como los casos en los que se imputa a Granasa, o aquellos que involucran a instituciones vulnerables a escándalos, como
los bancos que, sin el cuidado que requieren, podrían derivar en un pánico financiero… Ecuador necesita que sus autoridades actúen con transparencia cuando el delito es evidente, y con discreción cuando una investigación realmente lo amerita.. El país no puede seguir gobernándose por anuncios.. La ciudadanía requiere estar informada con criterio y transparencia.
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