Operativo Midway – En una audiencia no oficial en Chicago, residentes, abogados y defensores describieron el miedo y el trauma que, según dijeron, trajo la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, con efectos visibles en su vida diaria y en negocios locales. La Comisión
Carnitas Uruapan, el restaurante de la familia de Marcos Carbajal, estaba sirviendo comida en un partido de fútbol profesional en Bridgeview el primer domingo de septiembre pasado. Las familias estaban afuera y los aficionados celebraban.
A pocas millas de distancia. en el área de Archer Heights en Chicago. agentes federales de inmigración arrestaban a un vendedor de flores. Carbajal recordó que fue deportado en cuestión de días. “Fue entonces cuando las cosas cambiaron”. dijo. al referirse al inicio del Operativo Midway Blitz de la administración de Trump.
En su zona, la rutina empezó a romperse. Carbajal contó que los clientes comenzaron a llamar para preguntar si los trabajadores podían llevarles comida a sus automóviles. Las familias que antes acudían cada domingo dejaron de ir. El personal y los vecinos revisaban redes sociales para seguir de cerca las actividades de inmigración antes de trasladarse.
En el pico de la campaña de deportaciones, los ingresos cayeron drásticamente en ubicaciones del restaurante en La Villita, Gage Park y Pilsen, dijo Carbajal. “Los números contaban la misma historia: cuando la gente tiene miedo, se queda en casa”.
Ese testimonio formó parte de una audiencia no oficial realizada el miércoles ante un comisionado federal de derechos civiles. en un foro al que acudieron residentes del área de Chicago. abogados y defensores para relatar cómo la aplicación agresiva de la ley de inmigración. durante esa fase. colocó vecindarios “bajo asedio”. según dijo un orador.
El evento se llamó “Audiencia del Pueblo sobre la Aplicación de la Ley Migratoria” y se llevó a cabo en la facultad de derecho de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC). La audiencia fue organizada por la Federación Hispana, una organización nacional sin fines de lucro. Los organizadores dijeron que el objetivo era construir un registro público y ayudar a impulsar investigaciones. cambios de política y posibles cargos criminales contra los agentes federales.
Rochelle Garza. presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos. ayudó a facilitar la audiencia y afirmó que el testimonio podría aportar “transparencia y responsabilidad y. con suerte. justicia”. Aun así. Garza aclaró que no era un procedimiento oficial de la comisión: una agencia federal independiente y bipartidista que asesora al presidente y al Congreso sobre asuntos de derechos civiles. La comisión no procesa casos, pero puede investigar preocupaciones sobre derechos civiles y elaborar informes y recomendaciones.
La audiencia en Chicago se produce después de un foro similar en marzo en Minnesota. con un informe publicado esta semana. Allí. los fiscales estatales presentaron cargos el lunes contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el tiroteo ocurrido en enero contra un inmigrante venezolano en Minneapolis. Una nueva “audiencia del pueblo” está programada para junio en Los Ángeles.
Varios participantes describieron escenas concretas de cómo la operación cambió el día a día. Un hombre que habló de manera anónima dijo que el septiembre. al salir del trabajo para almorzar. tres vehículos con luces de emergencia pero sin marcas claras de agencia lo detuvieron en su vecindario. Comentó que, en cuestión de segundos, los agentes estaban en su ventana pidiéndole identificación. Dijo que mostró su licencia de conducir. pero lo arrestaron de inmediato: le abrieron la puerta. le pusieron esposas y lo subieron a uno de los vehículos.
Según su relato. estuvo detenido en el centro de procesamiento de inmigración en Broadview. un suburbio al oeste. durante 24 horas antes de ser retenido durante cuatro meses en un centro de detención en Baldwin. Michigan. Afirmó que no tuvo oportunidad de solicitar libertad bajo fianza ni de presentar su caso con frecuencia. pese a haber vivido en Estados Unidos durante 26 años. haber pagado impuestos durante dos décadas. tener un hijo ciudadano estadounidense y no tener antecedentes penales.
“Todas las personas que pude conocer durante estos cuatro meses eran trabajadores”, dijo. “No entiendo realmente cuál es la razón del gobierno para mantenernos encerrados”.
Los números que se discutieron en el foro acompañaron esas historias. Las detenciones de inmigración en el área de Chicago aumentaron a 760 en septiembre y casi se triplicaron a 2,074 en octubre, según un informe de la UIC y la Federación Hispana.
En la audiencia. Sheila Bedi. asesora del alcalde Brandon Johnson. dijo que la aplicación de la ley de inmigración no ha cesado en Chicago. incluso después de que la mayoría de los agentes abandonó la ciudad. Añadió que los agentes federales estaban esperando fuera de la corte de violencia doméstica el miércoles por la mañana.
Rubén Castillo. exjuez federal que presidió una comisión de Illinois que examinó las acciones de los agentes federales. señaló otra vía para buscar responsabilidad: una solicitud separada para un fiscal especial que investigue a los agentes federales. “Esto necesita parar”, comentó Castillo. “La justicia para mí es una sala de la corte”.
Berto Aguayo. abogado y copresidente de la Red de Respuesta Rápida de la Asociación de Abogados Hispanos de Illinois. describió un clima extendido de miedo y trauma. Dijo que las familias sentían “miedo” y “trauma”. con niños preguntándose si sus seres queridos regresarían y vecindarios enteros que se sentían “bajo asedio”. También sostuvo que, en medio de la incertidumbre, las comunidades buscaban abogados en quienes pudieran confiar. “Para muchas familias, éramos los únicos abogados que conocían personalmente”.
Aguayo concluyó con una frase que se quedó pegada en el foro: “Lo que sucedió aquí en Chicago durante el Operativo Midway Blitz no puede olvidarse”.
La secuencia que contaron los asistentes fue clara desde el principio hasta el final: un día cualquiera en un restaurante. una detención en un vecindario cercano. un aviso de miedo que se propaga entre llamadas. redes sociales y silencio. y luego cifras que muestran el cambio de ritmo en septiembre y octubre. La audiencia buscó convertir ese impacto en un registro público que pueda empujar investigaciones. reformas y. en algunos casos. acciones penales.
Mientras la Comisión de Derechos Civiles dejó en claro que el foro no era un procedimiento oficial. los testimonios reunidos en UIC dejaron un mensaje que no dependía de formalidades: para quienes hablaron. el operativo no fue un episodio distante. sino una transformación en la forma de moverse. de esperar y de decidir si salir.
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