Roberts revoca Humphrey’s Executor y amplía poder presidencial

El lunes, la Corte Suprema revocó el fallo de 1935 en Humphrey’s Executor vs. Estados Unidos, eliminando el precedente que permitía al Congreso limitar la destitución de jefes de agencias independientes. La decisión, impulsada por John Roberts, refuerza una vi

En el centro del estrado elevado, John Roberts empezó a hablar con calma, pero el mensaje dejó claro que llevaba décadas preparándolo.

El presidente de la Corte Suprema lideró el lunes una mayoría para revocar el fallo de 1935 en Humphrey’s Executor vs. Estados Unidos. una decisión que durante casi nueve décadas había permitido al Congreso restringir la autoridad presidencial para destituir a los jefes de agencias independientes con el objetivo de proteger su independencia. Roberts. sentado donde se deciden trayectorias institucionales. observó cómo el tribunal se había ido alejando de aquel precedente. que —según sostenía— chocaba con la historia y con la estructura constitucional.

“Si aún quedaba algo en pie del caso Humphrey’s, lo anulamos”, declaró.

La controversia no suena tan inmediata como batallas de la Corte Suprema centradas en la Segunda Enmienda. el aborto y los derechos reproductivos. la religión o la inmigración. Pero para quienes trabajan bajo las reglas de esas agencias. la diferencia es real: los organismos independientes imponen requisitos a empresas y particulares en áreas como la salud y la seguridad públicas y la protección del consumidor. buscando —en el marco de la ley— promover el bien común.

Roberts enmarcó esa vida cotidiana del gobierno dentro de su visión más amplia del poder. “Nuestra Constitución establece tres poderes, pero un solo presidente”, escribió en una opinión de 36 páginas. “Ese presidente no es todopoderoso; ni mucho menos. Pero tampoco es impotente. Él, y solo él, está investido del poder ejecutivo de Estados Unidos”.

Durante más de 40 años, Roberts había empujado esa idea. En 1983. en un memorando dirigido al asesor jurídico de la Casa Blanca. afirmó: “Ha llegado el momento de reconsiderar la anomalía constitucional que representan las agencias independientes”. Luego. cuando fue nombrado presidente del tribunal en 2005. comenzó a sentar las bases para revertir precedentes que habían permitido al Congreso limitar la facultad presidencial de destitución.

En un caso de 2010, explicó: “Sin tal poder”, escribió, “el presidente no podría rendir cuentas plenamente del cumplimiento de sus propias responsabilidades; la responsabilidad última recaería en otra parte”.

El lunes. su argumento volvió a apoyarse en una historia jurídica que se remonta todavía más atrás: el presidente Franklin D. Roosevelt intentó destituir a un miembro de la Comisión Federal de Comercio que había sido nombrado por su predecesor. el presidente Herbert Hoover. En ese contexto. el caso Humphrey’s Executor se resolvió por unanimidad en el sentido de que el presidente carecía de la facultad de destituir a menos que contara con autorización del Congreso.

Ese punto, Roberts sostuvo, socavaba un fallo previo de 1926: Myers vs. Estados Unidos, que había permitido al presidente destituir a administradores de correos sin el consentimiento del Congreso.

La estrategia de Roberts no se movió sola. En los últimos años, la Corte consolidó una supermayoría de 6 a 3 gracias a nuevos nombramientos de magistrados conservadores afines, y así dejó a los tres jueces liberales repetidamente relegados a la disidencia.

En esta ocasión. Sonia Sotomayor habló en nombre de los magistrados del ala progresista desde su papel de oposición. Con la amenaza de que un presidente pudiera querer vulnerar normas vinculadas al comercio justo —las supervisadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC)—. así como reglas sobre seguridad laboral. energía nuclear y riesgos químicos que gestionan estas agencias. Sotomayor insistió en la necesidad de proteger la independencia regulatoria.

Sotomayor recordó que el Congreso llevaba mucho tiempo basado en el precedente de 1935 para diseñar un sistema de regulación que funcione. En su disidencia escribió: “La Corte otorga al presidente un poder desconocido incluso para la Corona inglesa contra la que se rebelaron los Padres Fundadores”. elevándolo “por encima de los poderes que antaño eran sus iguales al transformar la obligación de velar por la fiel ejecución de las leyes en una licencia para actuar desafiando esas mismas leyes”.

Ese choque entre dos visiones —una que busca que el ejecutivo sea controlable y otra que teme la politización de la supervisión— apareció también en la letra de la ley que rige agencias como la FTC. La legislación que creó la FTC establece términos específicos para el mandato de los comisionados y permite su destitución solo por “faltas graves”. definidas como “ineficiencia. negligencia en el cumplimiento del deber o conducta indebida en el cargo”.

Cuando Donald Trump asumió su segundo mandato. se propuso destituir a los comisionados nombrados por los demócratas en varias agencias. incluida Rebecca Slaughter. quien estaba a mitad de un mandato de siete años en la FTC. La comisión fue creada en 1914 para proteger a los consumidores y salvaguardarlos de prácticas comerciales desleales.

En marzo de 2025, Slaughter recibió un correo electrónico de Trump en el que se afirmaba que su “continuidad en la FTC es incompatible con las prioridades de mi administración”.

Los jueces de tribunales inferiores fallaron a favor de Slaughter cuando intentó reclamar su puesto. basándose en el precedente de 1935. Al apelar. la administración Trump retomó frases de fallos anteriores del juez Roberts para sostener que era el momento de revocar por completo aquella decisión de hace nueve décadas.

Bajo el paraguas de lo que defendían Roberts y otros conservadores, la administración Trump defendió la “teoría del ejecutivo unitario”, una idea que atribuye al mandatario autoridad sobre la vasta burocracia federal.

Pero la Corte no abordó todo de forma idéntica: el lunes. los magistrados establecieron una excepción para la Reserva Federal. Roberts explicó que esa excepción se fundamenta en la larga tradición del país de contar con un banco central independiente. como había quedado reflejado en el caso separado de Trump vs. Cook.

La decisión judicial desembocó en una reacción inmediata de Slaughter. Tras el fallo en su contra y la excepción aplicada a la Reserva Federal durante una conferencia de prensa. Slaughter criticó con dureza el resultado: “De alguna manera. Wall Street es especial y recibe un trato preferencial. pero. a diferencia de ello. las agencias que velan por los estadounidenses comunes no gozan de ese mismo trato”.

En los días previos. tras las alegaciones orales de su caso el pasado mes de diciembre y los comentarios de los magistrados conservadores que integran la mayoría. parecía inevitable que la administración Trump se impusiera. Y con Roberts transformando durante años este terreno jurídico. también era lógico esperar que él. en efecto. redactara la opinión del tribunal.

Durante la sesión del lunes. Roberts comenzó explicando que James Madison lideró entre los padres fundadores la concepción de que todo el poder ejecutivo residía en el presidente. facultándolo para nombrar y supervisar a quienes ejecutan las leyes de la nación. Luego describió Humphrey’s Executor como una excepción a esa norma.

Roberts no habló solo de principios abstractos. También ató su argumento al precedente de Myers vs. Estados Unidos de 1926. Desde el estrado. señaló que ese fallo fue redactado por William Howard Taft —entonces presidente del tribunal y que antes había ocupado la presidencia de Estados Unidos— y que Taft sostenía. según Roberts. que atribuir el poder ejecutivo al presidente implica conceder la capacidad de ejecutar las leyes. incluida la posibilidad de destituir a funcionarios sobre los que no se tiene responsabilidad ni control directo.

Pero Sotomayor le quitó peso a esa construcción. “Si Myers es el ‘mejor’ argumento que respalda la postura de la mayoría. su teoría es un castillo construido sobre arena. Para empezar. tal como admite la mayoría. el caso Myers no abordó la protección contra la destitución salvo por causa justificada; por el contrario. la ley impugnada exigía el consentimiento del Senado para proceder a la destitución”.

Los comentarios de Sotomayor se afilaron cuando se burló de la idea de que la decisión traería rendición de cuentas. Sugirió que, en lugar de “rendición de cuentas”, el resultado conduciría a “inestabilidad”. “Voy a suponer”. dijo. levantando la vista hacia los espectadores en la sala. “…quizás ustedes también deberían hacerlo”.

Sotomayor cerró con una frase que sonó definitiva: “El presidente emerge con más poder que nunca”.

Roberts, sereno como siempre, no pareció alterado. Más poder presidencial, al final, era el objetivo que había empujado —con memorandos y casos— durante décadas.

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