Una perito del Poder Judicial enfrenta una investigación interna por presuntamente utilizar comprobantes de pago falsificados para realizar compras a sus allegados.
Una empleada judicial se encuentra en el ojo del huracán tras ser denunciada por el uso de comprobantes falsos de Sinpe Móvil para simular transacciones comerciales.. La mujer, quien se desempeña como perito en el Archivo Criminal, habría engañado a compañeros de trabajo y terceros al editar comprobantes de pago digitales para aparentar depósitos bancarios que nunca se ejecutaron.
El modus operandi consistía en la adquisición de diversos artículos, principalmente perfumes y bolsos.. Una vez concretada la entrega de los productos, la funcionaria presentaba capturas de pantalla manipuladas para certificar un pago inexistente, dejando a los vendedores sin recibir el dinero pactado por la mercancía.
Este tipo de conductas fractura la confianza necesaria en las transacciones digitales cotidianas, donde la inmediatez de las plataformas como Sinpe Móvil suele ser una ventaja, pero que aquí fue vulnerada para facilitar un engaño deliberado.
Ante estos hechos, una de las personas afectadas hizo un llamado público para identificar a otros posibles perjudicados.. La denunciante destacó que la funcionaria reside en la zona de Acosta y exhortó a cualquier otra persona que haya sido víctima de un mecanismo similar a formalizar su queja ante las autoridades competentes.
En este contexto, el Poder Judicial confirmó la apertura de un expediente administrativo en contra de la trabajadora.. Según las autoridades, se le notificó formalmente el traslado de cargos el pasado 14 de abril de 2026, señalándole una supuesta incorrección en su vida privada al haber inobservado los deberes de dignidad que exige el Estatuto de Servicio Judicial.
El proceso disciplinario se rige bajo la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual otorga un plazo máximo de un año para el desarrollo de la investigación.. Durante este periodo, la Inspección Judicial debe recolectar la prueba necesaria y llevar a cabo la audiencia privada para determinar si corresponde una sanción administrativa.
Las víctimas han expresado su profunda indignación, subrayando que este comportamiento resulta incompatible con la ética que se espera de cualquier servidor del Poder Judicial.. Por ello, una vez finalizada la etapa administrativa, los afectados planean trasladar el caso a la vía penal para buscar una resolución judicial que siente un precedente.
Mientras avanza el proceso interno, es fundamental que la transparencia en el servicio público prevalezca, ya que cualquier irregularidad cometida por funcionarios estatales impacta directamente en la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la justicia.