Sentencia y Plan Insular de Ordenación: Morales denuncia una decisión errónea
El Cabildo de Gran Canaria cuestiona la anulación del PIO aprobada en 2022 y anuncia recursos en todas las instancias.
Una sentencia anulando el Plan Insular de Ordenación (PIO) aprobado en 2022 ha encendido la respuesta del Cabildo de Gran Canaria, que la considera errónea y desproporcionada.
En un comunicado firmado por el presidente Antonio Morales Méndez, la institución sostiene que la revisión y actualización del PIO no fue un trámite pendiente, sino una prioridad estratégica desde que asumieron el gobierno en 2015.. Según Misryoum, el Cabildo defiende que el plan se ajusta a la legalidad vigente y que se elaboró con el objetivo de favorecer el interés general, en un marco que integra normas territoriales, ambientales y urbanísticas.
La clave del debate, según la postura del Cabildo, es si el PIO descansa o no en un marco jurídico realmente vigente, algo que la sentencia cuestiona.
El texto también afirma que el PIO no es un documento desfasado y que, lejos de quedarse en lo general, incorpora determinaciones para energía, conectividad, límites a la carga turística y un modelo turístico diversificado y sostenible.. Misryoum añade que, en paralelo, el Cabildo subraya la protección del territorio y menciona la preservación de una parte mayoritaria de la superficie de la isla, junto con el refuerzo de los espacios naturales.
En esta línea, el Cabildo insiste en que su planificación contó con años de trabajo y con informes favorables de servicios técnicos y de otras administraciones.. También recalca que el procedimiento fue participativo y “garantista”, con un documento de gran volumen que fija el horizonte de desarrollo hasta 2050.
En términos políticos, el argumento central es que la anulación abriría dudas sobre la capacidad de planificar con seguridad jurídica, justo cuando el Gobierno insular asegura haber seguido las recomendaciones técnicas.
Sobre la sentencia, el Cabildo la califica de injusta por entender que se apoya en una premisa que no comparte: que las directrices de ordenación del turismo estarían derogada, algo que Misryoum recoge como una afirmación “no sostenida” en la decisión.. Además, se sostiene que el principal sustento del PIO sería la Ley del Suelo de 2017, que permitiría continuar procedimientos iniciados.
También rechaza que el plan esté “vacío de contenido”, defendiendo que mantiene directrices turísticas y criterios para delimitar áreas y orientar la rehabilitación y equipamientos, además de integrar directrices para el suelo rústico.. Desde la institución se critica, por otra parte, que no se identifique con claridad qué parte normativa incumpliría el documento y que la lectura del fallo se habría quedado en una aproximación parcial.
Ahora bien, más allá del intercambio jurídico, lo que está en juego para la ciudadanía es cómo se compatibiliza la protección del territorio con la planificación económica y social, y qué efectos inmediatos tendrá una anulación sobre la hoja de ruta.
El Cabildo avanza que recurrirá ante el Tribunal Supremo y ante el propio TSJC en casación, además de estudiar otras vías.. También responde a críticas políticas y afirma que la continuidad del plan tras 2017 no habría sido arbitraria, sino una decisión amparada en el marco legal y con respaldo técnico, citando precedentes de tramitación.
Para el presidente, la posición de la institución es firme: defiende el trabajo del funcionariado y sostiene que el modelo propuesto ofrece “mejores garantías” para el futuro de Gran Canaria.. Misryoum cierra destacando que el Cabildo asegura que el PIO seguirá siendo, si procede, un “documento vivo”, sujeto a revisión y actualización, mientras se mantiene la intención de defender su legalidad, coherencia y oportunidad histórica en todas las instancias necesarias.