TPS en – La Corte Suprema falló a favor del Gobierno de Trump y decidió que los tribunales no tienen competencia para revisar decisiones del TPS. Eso deja sin protección a más de un millón de personas en EE. UU. provenientes de 13 países, incluyendo Haití y Siria, con
Por la decisión de la Corte Suprema, el futuro de más de un millón de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos se volvió, de golpe, más incierto.
El fallo respalda la determinación del Gobierno de Trump de intentar poner fin al TPS para 13 de los 17 países que estaban bajo esa designación. Durante años, el alivio humanitario permitió a personas de esos lugares vivir y trabajar en el país. Ahora. con la Corte Suprema bloqueando la revisión judicial de esas decisiones. gran parte de los litigios contra la revocación podrían terminar sin efecto. y el plan del Ejecutivo seguiría adelante.
La Corte Suprema falló a favor del Gobierno de Trump sobre el TPS y dictaminó esencialmente que los tribunales no tienen competencia para decidir esta cuestión. En la práctica. eso significa que las impugnaciones legales contra la administración por la revocación del TPS para varios países serían desestimadas. dejando a los beneficiarios sin las protecciones frente a la deportación. incluidos sus permisos de trabajo.
“Ciertamente es muy posible ahora que la Corte Suprema ha despejado el camino para que la administración lleve a cabo la deportación masiva de este más de un millón de personas provenientes de estos países”. afirmó Ahilan Arulanantham. profesor de derecho de la Facultad de Derecho de la UCLA y abogado que presentó los argumentos en el caso del TPS para Siria ante la Corte Suprema. Advirtió además que “sería el mayor evento de privación de estatus legal de personas en la historia de Estados Unidos”.
Los países para los que la administración ha intentado cancelar el TPS son Haití, Siria, Venezuela, Honduras, Afganistán, Nepal, Camerún, Myanmar (Birmania), Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Nicaragua.
En la opinión de la mayoría. el magistrado Samuel Alito sostuvo que la Corte Suprema no podía examinar si el Gobierno de Trump había evaluado adecuadamente el estatus para haitianos y sirios. porque la ley impide a los tribunales hacerlo. Alito escribió en nombre del tribunal que “las decisiones del secretario sobre la designación del TPS no están sujetas a revisión judicial”. También señaló que “el texto de la disposición que prohíbe la revisión judicial del TPS prevalece claramente sobre la presunción general a favor de dicha revisión”.
El fallo también descartó la demanda basada en la cláusula de igualdad de protección. Los demandantes haitianos habían argumentado que comentarios de Trump sobre Haití durante su campaña demostraban animosidad racial. Alito respondió que “ninguna de las declaraciones citadas. ya fuera del presidente o del secretario. tenía un carácter abiertamente racial y. en esencia. todas expresaban posturas políticas que podían fundamentarse en razones ajenas a la raza”.
La respuesta de los defensores de los beneficiarios no tardó en llegar. El equipo legal que representa a un grupo de ciudadanos haitianos advirtió que la decisión “provocará directamente que miles de personas inocentes sufran muertes violentas e innecesarias”. En un comunicado. los abogados principales de los haitianos. Geoff Pipoly y Andy Tauber. señalaron que “esta decisión pondrá en peligro a los haitianos beneficiarios del TPS que huyeron de su tierra natal en busca de aquello que generaciones de inmigrantes anhelaban al tomar la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir seguros”.
“Es un día muy triste, no solo para los haitianos con TPS, sino para cualquiera que crea, al igual que nosotros, que los inmigrantes son una de las mayores fortalezas de Estados Unidos”, afirmaron los abogados.
Con el tribunal cerrando la puerta a la revisión judicial del TPS, el debate deja de ser solo legal. Para quienes dependían de estas designaciones para permanecer en el país y conservar sus permisos de trabajo. la amenaza ahora tiene una forma más concreta: la pérdida de protección frente a la deportación para personas de 13 países que. según el Gobierno. deberían dejar de estar amparadas por el TPS.
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