Nivia, Abigail, Grecia y Evelyn viven en distintas ciudades de Bolivia.
Son mujeres que tienen algo en común; el activismo.
Desde ahí alzan la voz contra la violencia de género y en defensa de los derechos humanos.
Esa visibilidad las pone en la mira de ataques digitales diseñados para intimidar, desgastar y callar.
Mensajes de odio, amenazas y campañas de hostigamiento circulan con un objetivo claro; silenciarlas.
No lo consiguen, pues su compromiso pesa más.
Esa exposición las enfrenta a una violencia menos visible, pero muy dañina: la digital.
Llega tanto a los colectivos como a las activistas de manera individual, a sus cuentas personales, afectando su trabajo, su imagen y su tranquilidad.
Frente a estos ataques, mujeres y colectivos feministas se organizan, comparten información, se apoyan entre sí y desarrollan protocolos de seguridad, construyendo herramientas colectivas para protegerse y fortalecer su lucha.
Este tipo de violencia no es solo un concepto; tiene rostros y nombres detrás.
Nivia Coca, activista del Colectivo Mujeres de Fuego en Cochabamba, lo sabe bien.
En varias ocasiones, al revisar sus redes sociales, encontró mensajes ofensivos, hostigamiento y lo que resulta aún más grave, amenazas dirigidas a sus hijas.
Algunos de estos mensajes se escribieron desde una cárcel, lo que la hace sospechar que provienen de quienes fueron encarcelados tras la intervención del colectivo en procesos por justicia.
Contó que incluso crearon imágenes falsas con la intención de denigrarla.
Los ataques no se limitaron a su labor como activista: opinaron sobre su cuerpo, difundieron sus datos personales y enviaron mensajes con frases como “aquí está la que está denunciando”.
A sus hijas les llegaron mensajes insinuando que ofrecían servicios sexuales, lo que Nivia interpreta como un intento de “vengarse” de ella.
Abigail Muiba también vivió violencia digital.
Integra el colectivo Jasy Renyhê (“luna llena” en guaraní), que acompaña y fortalece a mujeres, adolescentes y niñas indígenas y campesinas, principalmente de la Amazonía boliviana.
Tiene 20 años y es de la comunidad de Aguas Negras, en San Ignacio de Moxos, Beni.
Su activismo, influido por el camino recorrido por su madre, atrajo la atención de personas que, sin argumentos para cuestionar sus principios, optaron por atacarla desde el racismo.
Ocurrió hace cerca de tres años, cuando compartió en Facebook una fotografía durante una marcha en defensa de los derechos de las mujeres indígenas.
Las reacciones fueron agresivas: “las mujeres son para la casa”, “ustedes nacieron para la cocina, qué hacen en la calle”, “los indios no tienen voz”.
Comentarios similares aparecían cuando publicaba fotos junto a sus padres: “¿no te da vergüenza mostrarlos?”, “esta indígena usando redes sociales”.
Algunos provenían incluso de personas cercanas, consideradas amistades, con un lenguaje pasivo-agresivo que también terminaba por desgastarla.
Tenía 16 años, por lo que ella siente que era aún más vulnerable.
Cerró su cuenta de Facebook, donde percibió con mayor fuerza los ataques, y se mantiene activa en otras redes, donde aplicó filtros para frenar comentarios ofensivos y eliminó a algunos contactos.
Desde entonces, evita compartir fotografías familiares.
En este proceso, personas cercanas intentaban minimizar la situación, diciéndole que solo había ocurrido en redes sociales y no de manera presencial, y que no lo tomara tan en serio.
“Aunque uno no quiera, eso afecta bastante.
Fue duro”, recuerda.
Hubo momentos en los que pensó en abandonar el activismo, cansada del hostigamiento y del dolor que le provocaba ver a otras mujeres sumarse a las críticas.
“Después pensé que son mis raíces y no me avergüenzo de eso”, afirma.
El respaldo de su colectiva fue decisivo para sostenerse y evitar que la violencia digital la apartara de su convicción y de su lucha.
Como ocurrió con Nivia y Abigail, la violencia digital también alcanzó a Grecia Tardío, integrante del Movimiento Para la Justicia de Sucre.
En 2020, su cuenta de Facebook – que utilizaba para interpelar y cuestionar – fue vulnerada.
Para ella, el ataque buscó asustarla, desalentar su participación y, posiblemente, acceder a sus conversaciones privadas.
La intrusión se produjo desde el mismo lugar donde trabajaba.
Logró cambiar la contraseña, pero al final ni ella ni quienes ejecutaron el ataque volvieron a tener control de la cuenta.
La perdió.
Abrió un nuevo perfil, de uso más personal, y reservó la actividad pública y los pronunciamientos para la página del colectivo.
Lejos de frenar su compromiso, esa experiencia reforzó su activismo.
Además de su labor en el Movimiento Para la Justicia, hoy colabora con La Lupa Digital, un espacio desde el que se visibiliza, analiza y previene la violencia digital – en especial la política – y se acompaña a víctimas, principalmente de colectivos de mujeres.
En Potosí, Evelyn Callapino, cofundadora de Mujer de Plata, describe cómo declararse “feminista” o “activista” ya genera reacciones hostiles en redes sociales, muchas veces violentas.
La participación en protestas públicas, portando megáfonos para exigir justicia ante casos de violación, feminicidio o violencia de género, coloca al grupo en un espacio socialmente “mal visto”, que rápidamente se traduce en violencia digital.
El ataque se acentuó en agosto de 2021, cuando el colectivo, junto a María Galindo de Mujeres Creando, fue declarado persona no grata por el Concejo Municipal de Potosí debido a grafitis en edificios patrimoniales, un acto que ellas negaron haber cometido.
La línea entre lo virtual y lo físico se volvió extremadamente frágil: incluso recibieron amenazas de violación a través de las redes, lo que dificultaba que pudieran subirse siquiera a un micro y sentirse seguras.
El hostigamiento provocó afectación emocional, estrés y traumas, por lo que el colectivo decidió proteger la imagen de las integrantes más nuevas, evitando visibilizarlas públicamente, y se mantenía en comunicación constante para asegurarse de que todas regresaran a salvo a sus hogares.
Las entrevistadas coinciden en que el respaldo mutuo les permite enfrentar todo tipo de violencias, incluida la digital.
Ninguna presentó una denuncia penal por estos ataques: algunas porque los perfiles desde los que provienen son falsos, lo que hace prácticamente imposible identificar a la persona detrás de la pantalla; otras, por el desgaste que implica tramitar un caso, aunque reconocen ciertos avances.
Implementan protocolos de seguridad con medidas que consideran esenciales, y algunas recurrieron a asesoramiento digital para protegerse.
Ese acompañamiento colectivo, construido desde la experiencia y la necesidad de protección mutua, fue conceptualizado por las Ciberwarmis como “acuerpamiento digital”, una práctica de apoyo sororo frente a la violencia ejercida en entornos virtuales.
Se trata de una respuesta organizada que busca sostener, cuidar y fortalecer a quienes son blanco de ataques por su activismo.
Janette Huallpa, integrante de este colectivo de mujeres activistas y feministas que promueven la inclusión digital, la generación de conocimiento y el acompañamiento frente a la violencia digital, informa que reciben en promedio entre 8 y 10 casos mensuales.
No se trata solo de activistas, sino de la población en general; sin embargo, quienes forman parte de estos colectivos suelen contactarlas de manera más personal y no a través de las líneas de atención.
El trabajo de las Ciberwarmis incluye la escucha activa, el acompañamiento emocional, la orientación en medidas de seguridad digital y, cuando la víctima lo solicita, la guía sobre los procedimientos para formalizar una denuncia.
Como parte de este proceso, el colectivo desarrolló un diagnóstico titulado “Acuerpamiento digital feminista”, que permitió recoger testimonios de activistas y feministas que atravesaron situaciones de violencia digital.
El objetivo fue poner en evidencia una forma de agresión que durante años permaneció minimizada o invisibilizada, pese a que las plataformas digitales eran utilizadas de manera sistemática para atacar a colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos.
Advierte que estos ataques suelen presentarse de manera progresiva.
El nivel más grave se alcanza cuando la agresión se traslada al ámbito privado: se emplean expresiones denigrantes, se intenta identificar a familiares para intimidar y, en algunos casos, se envían mensajes con detalles sobre la ubicación, la vestimenta o los movimientos de la víctima.
Todo ello ocurre bajo el anonimato, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad e indefensión.
Pese a este escenario, el diagnóstico también identificó procesos de resistencia y cuidado.
Entre ellos destacan la construcción de estrategias colectivas de defensa, la creación de espacios de articulación y seguimiento, la emisión de pronunciamientos públicos y mensajes de respaldo, el acompañamiento virtual de casos, la conformación de comunidades digitales de apoyo y la impulsión de campañas de denuncia social y sensibilización.
Estas prácticas, sostienen, no solo mitigan el impacto de la violencia digital, sino que refuerzan el tejido organizativo entre mujeres y colectivas.
Desde una mirada experta, Narayani Rivera, integrante de la Fundación Internet Bolivia, advierte que la violencia digital contra activistas y feministas no es un fenómeno aislado.
Se trata, señala, de una extensión de las violencias estructurales que enfrentan las mujeres cuando ocupan espacios públicos, políticos o de denuncia.
La agresión se intensifica cuando las mujeres son visibles, lideran procesos organizativos o denuncian violaciones a derechos humanos.
En ese contexto, la violencia digital cumple una función clara: generar miedo, autocensura y desgaste emocional, con el objetivo de expulsarlas del debate público.
La especialista también alerta sobre la escalada de la violencia en entornos digitales.
Lo que suele comenzar con insultos o descalificaciones puede derivar en amenazas, exposición de datos personales y vigilancia, borrando los límites entre lo virtual y lo físico.
Cuando se difunde información privada o se envían mensajes que evidencian seguimiento, el riesgo deja de ser simbólico y se vuelve real, una situación que coincide con los testimonios recogidos por colectivas feministas.
Otro punto crítico es la debilidad de las respuestas institucionales.
Rivera explica que muchas víctimas no denuncian porque los marcos normativos son insuficientes, las autoridades carecen de formación específica y los procesos resultan largos y revictimizantes.
Esta falta de protección refuerza la impunidad y traslada la carga de la defensa a las propias mujeres y a sus organizaciones.
En esa línea, Grecia Tardío, desde su trabajo en La Lupa Digital y en procesos de acompañamiento a víctimas, advierte que la violencia digital no debe entenderse únicamente como un problema tecnológico, ya que tiene impactos físicos, emocionales, económicos y legales.
Remarca además que los riesgos en entornos digitales están estrechamente vinculados con la seguridad en el mundo real.
Uno de los principales obstáculos, afirma, es la respuesta insuficiente del sistema de justicia.
Aunque existen avances normativos – como la reciente legislación sobre protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales – , la atención de casos que involucran a personas adultas sigue enfrentando limitaciones.
“Fiscales, jueces y abogados tienen poco o nulo vocabulario digital”, explica.
Esta brecha dificulta la comprensión de las pruebas, ralentiza los procesos y, en muchos casos, deriva en valoraciones erróneas o en la desestimación de denuncias.
Tardío señala que en varios procesos judiciales los operadores de justicia no comprenden cómo funcionan las plataformas, cómo se producen los ataques o cómo se preservan las evidencias digitales.
A ello se suma la falta de peritajes especializados y estrategias adecuadas de investigación.
Desde esa experiencia, participó en la elaboración de la “Guía para la Denuncia Estratégica”, impulsada por la Fundación Internet Bolivia, que promueve una cultura de denuncia orientada a minimizar riesgos y a poner en el centro el cuidado, la estrategia y la acción colectiva, para que todas puedan usar las redes de manera más consciente y libre, con resguardo legal, emocional, económico y social.
Frente a este panorama, Rivera y Tardío coinciden en que el acompañamiento entre pares, la capacitación en seguridad digital y la construcción de redes de apoyo son fundamentales para enfrentar la violencia digital.
Los casos de Nivia, Abigail, Grecia y Evelyn reflejan estas estrategias, aunque representan solo una parte de un fenómeno mucho más amplio que afecta a numerosas activistas y colectivos en todo el país.
Reportaje escrito por Mariela Cossío para las Malmandadas.
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