La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales denuncian una escalada de violencia contra los trabajadores de la información que pone en riesgo su vida en el ejercicio de su deber.
En un pronunciamiento, la ANPB denunció que los grupos movilizados han pasado del hostigamiento a métodos criminales con el uso de explosivos para evitar ser grabados, el secuestro y la destrucción de los equipos de prensa.
Detalla que en Lipari, al sur de la ciudad de La Paz, Vladimir Rojas de Unitel fue retenido contra su voluntad por varias horas, aprovechando su vulnerabilidad física tras una caída, lo que constituye un delito de privación de libertad y una tortura psicológica que busca el escarmiento de todo el gremio.
Además, sufrió la destrucción de su celular con la intención de borrar la evidencia del vandalismo y dejar al periodista incomunicado en territorio hostil.
Por su parte, el personal de Radio y Televisión Popular (RTP) resultó lesionado cuando su vehículo fue apedreado por los movilizados.
La ANPB asegura que el recrudecimiento de estos ataques es responsabilidad directa de la pasividad gubernamental.
“La promesa de ‘condiciones seguras para la cobertura informativa, garantizando el respeto total a la labor periodística y protegiendo los equipos de trabajo de los medios de comunicación’, del pasado 23 de abril no se cumplió.
La ANPB no aceptará más condolencias ni promesas vacías.
También rechazamos de forma contundente las aseveraciones del secretario de Control Social de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Simón Flores, quien cuestiona la labor de la prensa y justifica la violencia ejercida por los movilizados”, expone el comunicado.
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