El martes pasado, el aire en el Congreso se sentía un poco cargado mientras los diputados del PPD se sentaban a conversar con el ministro José García Ruminot. No fue una charla cualquiera, porque ahí dejaron claro hasta dónde llega su cuerda para negociar. Ahora, el asunto ya es público: se filtró o más bien ellos soltaron ese documento de cinco carillas que trae de cabeza a varios en el oficialismo. El jefe de bancada, Raúl Soto, fue quien se puso al frente para explicar que esto no es un capricho, sino cuatro pilares fundamentales donde el realismo y la justicia tributaria —palabras que siempre suenan bien, pero que son difíciles de ejecutar— son los protagonistas.
El plan es ambicioso. Se trata de ponerle un freno a la asfixia de las pequeñas empresas con un plan Pro PYME que busca, básicamente, pagar el capital adeudado sin esos intereses penales que terminan ahogando a cualquiera. Imaginen que les perdonen las multas y les den tres meses de gracia sin pedir un peso de entrada; suena tentador, ¿verdad? Y claro, está el tema del impuesto de primera categoría, que según ellos, no se toca. Se queda en 27% para las grandes ligas. Es una línea roja, o al menos eso dicen ahora, a ver si se mantiene igual cuando la presión política empiece a apretar realmente.
Hay puntos que parecen sacados de un manual de alivio rápido. Por ejemplo, quieren bajar el interés penal fiscal para deudas tributarias del 18% al 6% anual. Es un salto gigante, casi drástico, y me pregunto si las arcas fiscales aguantarán ese golpe o si el Gobierno encontrará otra forma de compensar. Además, plantean que las deudas de más de tres años, si Tesorería no hizo nada al respecto, simplemente prescriban. Ese tipo de medidas le dan un respiro a quienes ya no saben cómo ponerse al día. Bueno, o quizás solo es una forma de limpiar los registros de los que ya no van a pagar de todas formas.
En cuanto a la clase media, la propuesta es devolver el IVA de la canasta básica a través del Bolsillo Familiar Electrónico. Un tope de 80 mil pesos mensuales por hogar, que al final del mes ayudan harto. También mencionan algo sobre el IVA a la vivienda, que sea para las personas y no para las inmobiliarias —un detalle no menor si pensamos en cómo ha subido todo últimamente—. Y un bono para adultos mayores pensionados, pero solo para quienes ganan menos de 700 mil. Es un rango amplio, veremos si alcanza el presupuesto para tanto anuncio, aunque suena bien para la galería.
Misryoum ha revisado los cálculos que acompañan este documento. Hablan de US$ 1.800 millones anuales por empresas grandes y otros US$ 800 millones por el sistema semi integrado. Son cifras mareadoras, casi abstractas, pero ahí están, puestas sobre la mesa como una advertencia para que el Estado no se descuide. ¿Se aprobará esto tal cual? Lo dudo, pero el PPD ya marcó el terreno y ahora le toca al Ejecutivo decidir si baila al ritmo que les acaban de tocar o si busca una nueva partitura. A veces parece que todo este ruido es para… bueno, mejor no especular tanto por ahora.