Un plan de reformas propone apurar cambios, tejer una coalición política y construir una narrativa para sostener ajustes. Misryoum analiza el impacto en subsidios, inversión y estabilidad.
Bolivia cierra con cifras complicadas y abre una etapa que, según economistas, exige decisión y comunicación. En el debate reaparece una pregunta: ¿cómo arrancar la reactivación sin que el país vuelva a trabarse en protestas?
En una presentación vinculada al Growth Lab, se plantearon tres reflexiones para impulsar la reactivación: apurar la marcha de las reformas, construir una coalición política capaz de aprobarlas y construir una narrativa que justifique los cambios.. Desde la ciudadanía, el reclamo es nítido: falta información del Gobierno hacia los sectores sociales, y esa ausencia de diálogo habría alimentado ciclos de marchas que vuelven y se van, con costos políticos y económicos acumulados.
El diagnóstico de fondo es más amplio que los números del ciclo económico.. El colapso macroeconómico aparece como “síntoma” de una crisis más profunda, asociada a un deterioro institucional que habría debilitado tres motores: la inversión privada, la capacidad exportadora y el crecimiento de la productividad.. En términos simples, el mensaje sugiere que no alcanza con medidas parciales si las reglas y la credibilidad del Estado no mejoran lo suficiente como para destrabar decisiones de empresas y hogares.
Por eso, el plan de reformas se organiza en cinco pilares que buscan ordenar el rompecabezas.. Primero, una consolidación fiscal creíble orientada al crecimiento; segundo, una red de compensación social eficaz y focalizada; tercero, estabilidad monetaria y externa para reconstruir reservas y recuperar confianza en la moneda; cuarto, una modernización de marcos regulatorios para atraer inversión hacia sectores exportadores; y quinto, fortalecer capacidades productivas con instituciones, infraestructura, capital humano y redes de conocimiento.
La consolidación fiscal, sin embargo, pone sobre la mesa un punto sensible: la reforma de los subsidios a la energía.. El costo de estos subsidios, incluyendo costos implícitos, se estima en “hasta un 14,5% del PIB”.. El planteamiento no solo apunta a ahorrar; también busca corregir un problema histórico señalado en el informe: los subsidios a la energía serían regresivos, es decir, beneficiarían de forma desproporcionada a hogares con más recursos.. En la práctica, el giro fiscal necesita una ruta clara de precios y un mecanismo transparente, basado en señales del mercado.
Ahí es donde la narrativa y la coalición política cobran peso real.. Ajustar precios sin una compensación bien diseñada tiende a activar resistencia social.. El documento propone reorientar recursos desde subsidios generales hacia transferencias monetarias y vales dirigidos a hogares de bajos ingresos, con el objetivo de proteger a quienes más pueden sufrir el impacto de los cambios.. En paralelo, se plantea reformar la arquitectura de protección social para mejorar cobertura, focalización y suficiencia de las transferencias.
Otro eje crucial es la estabilidad monetaria y externa, con apoyo de mecanismos internacionales para sostener un programa formal y reconstruir reservas de divisas.. La idea central es estabilizar el tipo de cambio y restaurar la credibilidad, manteniendo controles de capital adecuados durante la transición.. La lógica es que sin estabilidad, la economía se vuelve más cara y más impredecible: para producir, exportar e invertir hace falta un piso mínimo de confianza.
En lo productivo y regulatorio, el plan empuja a modernizar marcos en hidrocarburos, minería, litio, agricultura y turismo para abrir espacio a la inversión privada y expandir capacidad exportadora.. El informe describe fallas de fiscalización y funcionamiento en instancias sectoriales, y pone el foco en que reglas poco claras o débiles terminan cerrando puertas a proyectos grandes.. Comparado con experiencias de otros países que buscaron reactivar mediante exportaciones, el mensaje es parecido: diversificar requiere reglas consistentes y seguridad para el capital.
Finalmente, la transformación también se juega en capacidades.. Se mencionan decisiones de Estado como crear o fortalecer una agencia de promoción de inversiones, diseñar una estrategia para participación de la diáspora, impulsar infraestructura productiva y reformar educación y capacitación orientadas a la demanda.. La intención es que la reactivación no sea solo un ajuste macro, sino una mejora sostenida en productividad y empleo, con un horizonte de tiempo.
El contexto de por qué urge actuar también se apoya en señales de desempeño.. El documento advierte que activos subyacentes del país permanecen en gran medida intactos, pero que los problemas institucionales han debilitado producción y apertura: se reporta el desplome de producción de gas natural, la falta de nuevas minas a gran escala desde 2014, rendimientos agrícolas bajos frente a la región y deficiencias de infraestructura básica en destinos turísticos.. Además, la trayectoria de diversificación económica muestra retrocesos en el Índice de Complejidad Económica, pasando de 106 en 2000 a 123 en 2024.
Aterrizando el impacto, la ciudadanía no solo está evaluando una estrategia técnica.. Está mirando si el Estado será capaz de explicar costos y beneficios, y si habrá espacios de deliberación que eviten que los ajustes se vivan como imposiciones.. En ese sentido, “apurar”, “coincidir” y “contar” reformas no son frases: son condiciones para que el cambio llegue a la economía sin romper la gobernabilidad.
Si Bolivia logra alinear el ritmo de las reformas con una coalición política real y una narrativa convincente, el plan podría convertirse en algo más que un documento.. Podría traducirse en estabilidad, mayor confianza para invertir y una recuperación gradual de sectores clave.. Pero si falla la comunicación y se repite el ciclo de desinformación, el costo social y fiscal se acumulará otra vez, y la reactivación se postergará.