La judicialización del nuevo pacto colectivo del magisterio frena acuerdos y deja vigente el pacto 2022, con cambios que quedan sin aplicación.
Un emplazamiento que llevó la negociación a los juzgados está marcando el ritmo del nuevo pacto colectivo del magisterio y, con ello, el alcance real de acuerdos que se habían discutido durante meses.
En este contexto, la “judicialización” impulsada por el STEG al Ministerio de Educación (Mineduc) pausó el proceso que comenzó el 6 de marzo de 2024 y se extendió hasta el 22 de abril, cuando un tribunal dio trámite a la acción legal.. La ministra Anabella Giracca calificó el hecho como una ruptura de la negociación y un traslado “a la esfera judicial”, mientras el propio STEG sostuvo que el paso no implicaba el quiebre de los puntos acordados, sino su tramitación en otra instancia.
Más allá de la disputa, lo determinante es que el calendario de reuniones y el avance del texto quedaron en pausa, y eso afecta directamente a los trabajadores en sus expectativas sobre beneficios laborales.
Durante el período de discusión, el Mineduc informó que se alcanzaron acuerdos en cerca del 80% de los artículos propuestos.. Sin embargo, el avance no fue igual en todos los apartados: en los temas que tienen impacto económico y que, según la cartera, afectan su rectoría, no se registraron avances al mismo ritmo.
Por el emplazamiento, las reuniones previstas cada miércoles con representantes del Mineduc y del STEG fueron canceladas.. Mientras el proceso se resuelve en sede judicial, el pacto colectivo homologado en 2022 se mantiene vigente y lo que se discutió desde 2024 no termina de convertirse en regla aplicable.
En términos prácticos, este tipo de escalamiento suele generar incertidumbre en beneficios que dependen de la firma o ratificación del texto, aunque durante la negociación se haya llegado a coincidencias parciales.
Al revisar las actas de las reuniones levantadas tras cada encuentro, Misryoum identifica que buena parte de los artículos discutidos en el nuevo pacto quedaron alineados con el contenido del pacto 2022.. No obstante, también hubo ajustes que, de haberse consolidado, habrían introducido beneficios para el personal docente y otros cambios orientados a retomar el control del ministerio sobre ciertas materias.
Entre los puntos que se quedarían sin vigencia por la judicialización figuran aumentos en días de licencia con goce de salario y ajustes en asuetos.. También se mencionan cambios vinculados a descansos por fechas conmemorativas, así como reglas sobre cómo se toman ciertos feriados si coinciden con fin de semana.. Además, el Mineduc habría recuperado el control en capacitaciones al personal ministerial, para que la entidad solo informe y no tenga que consensuar con el sindicato; y se habría dispuesto que actividades de formación no contempladas en el pacto se realicen fuera del horario laboral.
Aun cuando la negociación no se haya traducido en un texto final aplicable, la discusión deja ver qué áreas se consideraban sensibles: licencias, calendario de descansos y reglas operativas sobre formación y organización institucional.
En paralelo, en el proceso se acordó que los artículos con impacto económico se abordarían en bloque hasta el cierre de la negociación.. Ahí entraban elementos como indemnización posmortem, el bono de profesionalización y el anual, y el reajuste salarial.. La tensión, según el relato de las partes, se concentró en los desacuerdos de esos apartados, y en algún momento se trabajó una ruta para revisarlos, pero el análisis técnico y financiero del ministerio concluyó que no habría capacidad presupuestaria para asumir las demandas.
Misryoum también observa que, aunque se menciona que el Mineduc otorgó incrementos salariales fuera del marco de la negociación con el sindicato, la discusión sobre nuevas mejoras en esa materia quedó condicionada por la judicialización.. De acuerdo con lo que expone el viceministro Francisco Cabrera, el beneficio previo se mantiene y, mientras el pacto 2022 sigue vigente, los artículos con impacto económico allí incluidos tienen efecto solo para los años especificados en el documento.
Al final, el nudo de este episodio no está solo en si el pacto nuevo se discute o se demora, sino en qué tan rápido se traduce el diálogo en derechos concretos: cuando el texto queda “en papel”, el impacto se siente en la cotidianidad laboral y en la planificación educativa.
Mientras continúa la tramitación judicial, el pacto colectivo homologado en 2022 conserva su vigencia y, con ello, se mantienen aspectos como licencias para actividad sindical y para capacitación, además de temas generales ligados a jornadas y 180 días de clases.. También siguen programas de apoyo para docentes y estudiantes, como la valija didáctica, subsidios para equipos tecnológicos con fines didácticos, gratuidad, dotación de útiles, libros de texto y alimentación escolar.
En cuanto a la organización de apoyos a la salud, se señala que el Seguro Médico Escolar habría sido sustituido por el Programa de Salud Escolar con una resolución de la Corte de Constitucionalidad.. Asimismo, continúan las juntas mixtas, aunque se advierte que su rol ha ido ampliándose en asuntos que, según el ministerio, competen a la entidad nominadora, mientras no existe a la fecha una resolución definitiva sobre una acción de inconstitucionalidad planteada por la Procuraduría General de la Nación contra siete artículos del pacto.
Para Cabrera, la postura del Mineduc ha sido que no se pueden pactar elementos que vayan contra el interés principal del sistema educativo.. Con la judicialización, el efecto inmediato es que los acuerdos más disputados quedan sin aplicación y el proceso entra en una etapa donde la negociación pierde velocidad.
Lo que queda por definirse es, sobre todo, el alcance final de los artículos discutidos: en una negociación colectiva, el tiempo no solo importa en las actas, también pesa en los beneficios que dependen de una decisión definitiva.