Gana el juicio tras ser despedido por error: la clave fue una notificación tardía
Un trabajador despedido injustamente por no acudir a su puesto, al desconocer su alta médica, logra una victoria judicial. El tribunal condena a la empresa a pagarle una indemnización de casi 8.000 euros tras una larga batalla legal.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado una sentencia que marca un precedente importante sobre la comunicación de las altas médicas.. Un obrero, acusado falsamente de abandonar su puesto, ha logrado demostrar que su ausencia se debió exclusivamente a una falta de información por parte de la administración, lo que ha derivado en una condena de 7.830,85 euros para su empleador.
Un conflicto laboral con historial previo
El trabajador acumulaba una tensa relación con la compañía desde hace tiempo.. En 2022, el empleado denunció a la empresa ante la Inspección Provincial de Trabajo por estar trabajando sin estar dado de alta en la Seguridad Social.. La situación escaló cuando, poco después, sufrió un accidente laboral.. En aquel momento, la entidad gestora concluyó que la empresa fue responsable por la falta de medidas de seguridad, obligándola a aumentar un 30% la prestación temporal del trabajador.
Cuando en enero de 2025 se produjo el episodio del despido, la empresa utilizó las ausencias del trabajador como excusa disciplinaria, calificándolas de faltas graves e injustificadas.. Sin embargo, el tribunal ha analizado la cronología de los hechos y ha dictaminado que el empleado desconocía por completo que había recibido el alta médica, ya que la notificación llegó a la empresa antes que al trabajador.. Esta brecha de comunicación, ajena a su voluntad, fue el núcleo de su despido, el cual ahora se considera totalmente nulo e improcedente.
Más allá del despido: la lucha por la antigüedad
La batalla no terminó con la cuestión del alta médica.. Durante el proceso, la empresa intentó minimizar la indemnización disputando la fecha de ingreso real del trabajador.. Mientras que la compañía argumentaba que no había pruebas documentales de su trabajo antes de 2023, el empleado demostró una relación laboral vigente desde 2020.. Los jueces fueron contundentes al respecto, señalando que resulta ilógico pensar que alguien denunciaría a su empleador ante la Inspección de Trabajo si no hubiera una relación laboral real y directa en marcha.
Este caso refleja una realidad común en muchos sectores, donde la precariedad y la falta de transparencia administrativa dejan a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad extrema.. La decisión del tribunal no solo corrige una injusticia puntual, sino que pone de manifiesto cómo las empresas intentan, en ocasiones, aprovecharse de fallos administrativos para deshacerse de empleados que han reclamado sus derechos fundamentales, como la seguridad en el trabajo o el registro formal de su jornada.
La resolución de este conflicto en Misryoum nos enseña que el historial de denuncias previas, lejos de debilitar a un trabajador en un juicio por despido, puede servir como evidencia sólida de la realidad de la relación contractual.. El hecho de que el tribunal haya dado más peso a la prueba testifical y a la lógica de los hechos que al simple registro oficial de la Seguridad Social es una lección importante para otros trabajadores que se enfrentan a situaciones de indefensión similares.. La justicia, en este caso, ha puesto el foco en la buena fe del operario frente a la estrategia corporativa de la constructora.