La vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido bastante clara esta mañana, dejando poco margen a la duda: no piensa obligar a nadie a teletrabajar. Mientras en Bruselas se cocina una propuesta para imponer al menos un día de trabajo a distancia con el fin de recortar costes energéticos —todo esto por el lío de la guerra en Irán, aunque, bueno, hay que ver si esas medidas realmente encajan aquí—, ella ha dicho que no, que por ahí no pasa.
Escuché la entrevista mientras se me enfriaba el café y el tono era firme, casi cortante. “No soy partidaria de obligar a nadie a nada”, soltó. Y tiene sentido, o al menos eso defiende, apoyándose en esa ley que ya tenemos en España sobre el trabajo a distancia, la cual nació del diálogo social y, sobre todo, de la voluntariedad. Es decir, que las empresas ya tienen herramientas, pero sin que nadie les ponga una pistola en el pecho para que manden a sus empleados a casa.
La ministra insiste en que las recomendaciones que llegan desde Europa ya están, en gran medida, desplegadas en nuestro país. O sea, que ya lo estamos haciendo. Pero claro, el contexto importa mucho. Según Misryoum, Díaz ha querido marcar distancias recordando que el impacto de la guerra en Irán no golpea a España igual que a otros socios europeos. Somos diferentes, o al menos eso dice ella.
Es curioso, porque aunque el teletrabajo siempre sale a relucir en las crisis —y hemos tenido unas cuantas, la dana ahí sigue presente en la conversación—, la idea de convertirlo en una imposición regulatoria desde arriba parece no encajar en la visión de la ministra. Quizás el miedo sea a romper ese equilibrio que se alcanzó en su día con los agentes sociales, o simplemente es que las realidades de cada país en la Unión Europea son un mundo aparte. O puede que sea ambas cosas a la vez, quién sabe.
Al final, lo que queda es una negativa tajante. Nada de imponer. Si el teletrabajo debe ser una solución para el ahorro energético, tendrá que ser por convicción y no porque alguien en un despacho de Bruselas lo haya puesto en una hoja de cálculo. La voluntariedad es, según Díaz, el único camino.
Es complicado encontrar el punto medio, supongo. Las empresas tienen sus ritmos, los trabajadores otros, y la política europea parece ir a una velocidad que a veces no termina de encajar con lo que pasa aquí, en las oficinas españolas. En fin, veremos si desde Bruselas insisten o si aceptan que en España la cosa funciona de otra forma.