La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inicia una fiscalización tras el hallazgo de una red de corrupción en CNEL que afectó al Estado por 300 millones de dólares.
Un severo golpe a las arcas públicas ha puesto en alerta al legislativo, tras revelarse una presunta red de corrupción en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que operaba desde el corazón del sistema.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ha decidido emprender una fiscalización exhaustiva para esclarecer cómo una estructura criminal logró desviar cerca de 300 millones de dólares mediante la alteración deliberada de las planillas de consumo eléctrico.
Este esfuerzo de supervisión es fundamental, ya que no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también identificar las vulnerabilidades sistémicas que permitieron un fraude de tal magnitud en una institución estratégica para el país.
La investigación se deriva de los operativos ejecutados el pasado 28 de abril de 2026, fecha en la que las autoridades intervinieron diversas agencias, incluidas las ubicadas en el complejo del ECU 911 en Samborondón, destapando un esquema de corrupción profundamente enraizado.
De acuerdo con la información recabada por Misryoum, el modus operandi del grupo delictivo involucraba a al menos 46 funcionarios de la institución, quienes habrían operado bajo dos modalidades principales para defraudar al Estado.
En primer lugar, los implicados realizaban modificaciones ilegales en los registros del sistema informático, reduciendo el consumo facturado de ciertos usuarios hasta en un 80% respecto a la lectura real registrada en sus medidores.
Como segunda vía de escape, el esquema facilitaba la eliminación total de deudas pendientes mediante un proceso de reclamos fraudulentos, donde se manipulaban los expedientes internos para anular los cobros tras una supuesta revisión de las autoridades reguladoras.
El alcance de esta trama pone bajo sospecha a diversas áreas operativas, desde directores técnicos que avalaban las alteraciones hasta el personal administrativo encargado de digitar la información y gestionar la atención al cliente.
Ante este escenario, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han coincidido en la necesidad de limpiar la estructura interna de CNEL para recuperar la integridad de la facturación eléctrica nacional.
La presión política sobre este caso es evidente, con el presidente Daniel Noboa siguiendo de cerca las intervenciones, mientras que las autoridades ministeriales han calificado el daño al erario público como un golpe masivo a la estabilidad del sector energético.
Finalmente, el éxito de esta investigación marcará un precedente crucial para el control de las empresas estatales, demostrando si las instituciones pueden corregir sus fallas internas cuando la corrupción se infiltra en sus procesos administrativos más cotidianos.