El CNE no atendió el pedido de corrección de Unidad Popular en Ecuador. La sesión se reanudará y el caso seguirá en instancias judiciales.
La corrección solicitada por Unidad Popular quedó en suspenso después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no resolviera su pedido de corrección este 2 de mayo de 2026.
En una votación con dos consejeros a favor, una abstención y un voto en contra, el CNE tampoco se pronunció sobre el recurso presentado por Geovanni Atarihuana. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, suspendió la sesión con la intención de retomarla en los próximos días y repetir la votación.
El dato clave aquí es que, al no haber una respuesta concreta sobre el recurso, el conflicto se alarga y deja margen para que la estrategia legal continúe por distintas vías.
Antes de que avanzara la deliberación, el Pleno conoció una recusación presentada por Atarihuana contra Atamaint y contra el consejero José Merino Abad. Pese a los cuestionamientos planteados por la vocal Elena Nájera, la mayoría del Pleno siguió con la sesión.
Durante la votación del informe, Nájera y Merino Abad protagonizaron un cruce de palabras que terminó con la salida repentina de Nájera. Minutos después, regresó a la sesión para votar en contra del informe que ratifica la cancelación del partido.
Para la organización, esta secuencia no es solo un capítulo procesal: también influye en cómo se percibe la solidez del procedimiento interno y en la narrativa que sostendrán ante los tribunales.
Unidad Popular sostiene que el proceso que culminó con su eliminación no tiene validez jurídica. Según su directiva, existen cinco irregularidades críticas que, aseguran, el ente electoral habría ignorado al ratificar el fallo inicial del 26 de abril.
Entre los puntos que destacan, señalan la extemporaneidad al haberse adoptado la resolución 23 días después de que venciera el plazo legal para este tipo de procesos.. También cuestionan la falta de pruebas sobre el número de supuestas desafiliaciones, y denuncian que no se habrían tramitado recusaciones relacionadas con Atamaint y Merino Abad.
Además, cuestionan la supuesta ilegalidad del voto dirimente de Atamaint en esa decisión particular y denuncian una violación al debido proceso, con falta de motivación y afectaciones a la seguridad jurídica.
Atarihuana adelantó que la batalla legal continuará en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y que el objetivo es revertir la medida.. En este contexto, también mencionó que el caso podría llegar a la Corte Constitucional, y que, de no lograr una respuesta favorable en el país, llevarán el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que consideran una persecución política.
En definitiva, lo que ocurre hoy no cierra el conflicto: lo desplaza a un terreno donde la revisión de decisiones y la interpretación de plazos, pruebas y garantías procesales volverán a estar en el centro.