El CNE no logró resolver el recurso de Unidad Popular tras una sesión marcada por tensiones y la falta de consenso, dejando en suspenso el futuro del partido.
La incertidumbre política en Ecuador se profundiza luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fracasara en su intento de resolver el pedido de corrección presentado por Unidad Popular.. La organización busca frenar su cancelación, pero la falta de acuerdos internos dentro del pleno ha dejado el destino del partido en un limbo administrativo.
Durante la sesión, los consejeros no lograron un consenso, cerrando la jornada con dos votos a favor, una abstención y un voto en contra.. Ante este escenario, la presidenta Diana Atamaint optó por suspender el encuentro, anunciando que la votación deberá repetirse en los próximos días para intentar destrabar el proceso.
Este estancamiento evidencia las grietas internas y la fragilidad del proceso administrativo que rodea la supervivencia de los partidos políticos en el país, dejando a la militancia de Unidad Popular en una espera incierta.
Antes de entrar en materia, la sesión ya mostraba signos de tensión por la recusación presentada por Geovanni Atarihuana contra Atamaint y el consejero José Merino Abad.. A pesar de los reparos planteados por la vocal Elena Nájera, la mayoría del Pleno decidió ignorar las objeciones y continuar con el orden del día, lo que intensificó los roces durante el debate.
El ambiente se tornó especialmente tenso cuando Nájera y Merino Abad protagonizaron un enfrentamiento verbal.. El intercambio fue tan álgido que Nájera abandonó la sala abruptamente, aunque regresó momentos después para emitir su voto negativo contra el informe que ratifica la eliminación del partido, evidenciando una fractura evidente dentro de la institución.
Unidad Popular argumenta que todo el proceso carece de legitimidad, señalando cinco irregularidades críticas que, según sus abogados, fueron ignoradas por las autoridades electorales.. Entre las denuncias principales se encuentra la extemporaneidad en la resolución, dictada fuera de los plazos legales, y la aparente ausencia de pruebas técnicas que sustenten la disminución de adherentes permanentes.
La directiva del partido también cuestiona la validez jurídica de la votación y el uso del voto dirimente por parte de la presidenta del CNE.. Según sostienen, el organismo ha violado sistemáticamente el debido proceso y la seguridad jurídica, ignorando recusaciones clave que habrían impedido a ciertos consejeros participar en la decisión.
Ante este escenario, Geovanni Atarihuana ha dejado claro que la vía administrativa es solo el inicio.. El dirigente ha confirmado que el caso será elevado al Tribunal Contencioso Electoral, sin descartar acudir a instancias internacionales como la Corte Constitucional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciarán lo que califican como una persecución política.
La insistencia del partido en agotar todas las instancias legales subraya la gravedad del conflicto, convirtiendo esta disputa en un examen sobre la transparencia de las instituciones electorales ecuatorianas y el respeto a la pluralidad política.