¡Tragedia en el VRAEM! Investigación fiscal por 5 muertos en Huancavelica y 8 militares detenidos

La Fiscalía investiga un presunto homicidio calificado tras un operativo en Huancavelica: 5 muertos y dos heridos graves. Ocho militares están detenidos y la comunidad exige justicia.

Una tragedia en el VRAEM ha sacudido a la provincia de Huancavelica tras un operativo militar que dejó cinco muertos y dos heridos graves, en medio de versiones cruzadas sobre lo ocurrido el 25 de abril.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja abrió una investigación preliminar contra ocho miembros del Ejército del Perú y tres civiles, por un presunto homicidio calificado.. La diligencia busca esclarecer los hechos ocurridos durante una presunta intervención relacionada con el tráfico ilícito de drogas en la carretera Colcabamba-Ayacucho, un tramo donde la tensión por la seguridad suele ser alta.

Operativo en Colcabamba-Ayacucho y el punto crítico: la orden de detenerse

Según las primeras indagaciones, los fallecidos viajaban en una camioneta y los militares habrían indicado que el vehículo se detuviera.. El punto de quiebre, de acuerdo con la reconstrucción preliminar, es que el vehículo no habría cumplido la orden, lo que habría derivado en múltiples disparos contra los ocupantes.

Las autoridades han precisado que los investigados permanecen detenidos mientras avanza el proceso.. Entre los nombres mencionados figuran Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdoba.. En paralelo, la identificación oficial de las víctimas estaría en curso por parte de peritos judiciales.

Diligencias forenses y versiones enfrentadas sobre el “enfrentamiento”

La fiscal a cargo del caso, Zina Romero Chávez, dispuso diligencias que incluyen pericias balísticas forenses, pruebas de absorción atómica a los investigados y la incautación de celulares de los involucrados y del vehículo con impactos de bala.. También se busca verificar qué indicios existieron en la escena y cómo se desarrolló la secuencia de decisiones durante el operativo.

Mientras el Comando Operacional del Este (COE) informó que la patrulla militar habría sido atacada por presuntos delincuentes y sostuvo que el uso de la fuerza se habría dado en legítima defensa, los testimonios recopilados y pericias preliminares apuntarían a otra lectura: no habría existido un enfrentamiento como tal, sino un ataque unidireccional contra civiles.. En esa línea, se menciona que las víctimas estarían desarmadas al momento de los disparos y que no se habría encontrado armamento ni sustancias prohibidas en el vehículo interceptado.

Esta disputa entre narrativas no es un detalle menor.. En casos así, el encuadre inicial puede influir en cómo se interpretan los indicios: si se plantea un “ataque previo” o una “intervención” con detonación de fuerza letal cambia el tipo de preguntas que se hacen en la investigación y el estándar con el que se evalúa la proporcionalidad del accionar.

Indignación local, reclamos y preguntas al Mindef

La indignación en la zona creció con fuerza y la comunidad empezó a manifestarse exigiendo justicia para las cinco víctimas.. Según lo que se viene conociendo por testimonios de familiares, los fallecidos serían agricultores y deportistas que se encontraban en el lugar con fines recreativos, incluso ligados a un campeonato de fútbol por el aniversario de su comunidad.. En ese relato, el golpe emocional no solo es por la muerte, sino por la expectativa truncada de una fecha cercana y por la percepción de que se trataba de personas inocentes.

En tanto, el abogado de tres víctimas, Anthony Crespo, rechazó que se tratara de un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército, como se habría comentado desde el Comando Especial VRAEM.. De acuerdo con su versión, los sobrevivientes señalan que en la carretera habrían lanzado rocas para impedir que la camioneta avanzara y que la emboscada habría sido ejecutada solo por personal militar, mientras que Policía y Fiscalía habrían llegado después.

Un sobreviviente, Ricardo Acuña Quispe, relató que al iniciarse los disparos desde la presencia militar él habría saltado del vehículo para salvar su vida y luego se habría ocultado cerca del río.. Su testimonio, como tantos en este tipo de casos, introduce una dimensión humana que suele quedar al margen de los partes iniciales: el miedo inmediato y la necesidad de reaccionar sin saber qué ocurría, algo que después se vuelve clave para reconstruir tiempos y movimientos.

Mientras tanto, el congresista Roberto Sánchez remitió un oficio al ministro de Defensa solicitando explicaciones sobre las acciones tomadas tras el operativo, al señalar discrepancias entre la versión oficial inicial y hallazgos posteriores.. En su pedido aparecen interrogantes directas: qué medidas se tomarán contra quienes difundieron la afirmación de un ataque previo, qué acciones preventivas se implementarán para evitar incidentes similares y qué disposiciones existen para la reparación integral de familiares y la atención de los heridos.

Para las familias, la reparación no es un trámite abstracto.. En la práctica, implica asistencia médica, acompañamiento legal y respuestas claras sobre lo sucedido.. También tiene un impacto en la confianza hacia las instituciones encargadas de intervenir en zonas de alto riesgo: si la narración oficial no se sostiene con evidencia, se abre una brecha difícil de cerrar.

A nivel institucional, la reconfirmación de la Policía Nacional sobre la sujeción de los involucrados a las acciones correspondientes se suma al seguimiento del caso.. Además, se mencionó que una de las víctimas sería un extranjero que habría ingresado ilegalmente al país, con antecedentes por tráfico de armas.. Ese tipo de antecedentes, de ser verificados en el marco judicial, puede influir en el contexto del caso, pero no reemplaza la necesidad de establecer con precisión cómo se aplicó el uso de la fuerza.

Por qué el esclarecimiento del caso importa ahora en el VRAEM

En el VRAEM, donde se cruzan la lucha contra el narcotráfico y las operaciones de seguridad, las investigaciones por presuntos excesos o errores operativos suelen ser especialmente delicadas.. No solo se trata de determinar responsabilidades penales, sino de reconstruir un procedimiento: qué se ordenó, qué se observó, qué evidencias se recogieron y cómo se tomó la decisión de abrir fuego.

Con ocho militares detenidos y diligencias forenses en marcha, el caso apunta a centrarse en la compatibilidad entre la versión del “enfrentamiento” y los indicios físicos recogidos.. El siguiente paso, para la credibilidad del proceso, será que la investigación logre ordenar los hechos en una secuencia verificable: quién tenía qué información, en qué momento se interpretó la amenaza y por qué el vehículo no habría respondido como se esperaba.

Por ahora, la fiscalía mantiene la investigación en curso y la comunidad continúa exigiendo justicia.. El desenlace no solo marcará responsabilidades individuales; también será una prueba de cómo se investiga, se controla y se corrige el accionar estatal en escenarios donde la violencia y el miedo pueden distorsionar la realidad antes de que lleguen las pruebas.