APUNACHI exige la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por una crisis administrativa, financiera y académica en la UNACHI.
La presión se ha encendido dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí: el gremio de docentes pide la renuncia inmediata de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.
Según informó la APUNACHI, la solicitud surge tras denunciar una profunda crisis administrativa, financiera y académica en la UNACHI, un escenario que describen como una asfixia presupuestaria que estaría comprometiendo el funcionamiento cotidiano.
El comunicado asegura que los gastos rondarían los 91 millones de dólares, una cifra que superaría el presupuesto asignado, que sería de 72 millones.. Además, el gremio advierte sobre una deuda acumulada con la Caja de Seguro Social (CSS) que superaría los 27 millones, lo que agrava el panorama financiero.
En este contexto, la advertencia de los docentes apunta a un choque entre lo que entra y lo que se gasta, y también a los efectos que ese desbalance podría tener sobre la operación universitaria.
La APUNACHI también plantea que existiría una parálisis operativa, con afectaciones a servicios esenciales y al desarrollo académico. De acuerdo con el gremio, esta situación impactaría a más de 22,500 estudiantes, generando preocupación por la calidad educativa.
Otro punto que enciende el debate es el cuestionamiento sobre la presencia de la rectora en espacios oficiales clave.. El gremio agrega que habría investigaciones en curso por parte de entidades fiscalizadoras sobre la gestión universitaria, elevando la tensión en torno a la transparencia en el manejo de fondos públicos.
Para APUNACHI, la preocupación no se limita al monto de los problemas, sino a la capacidad de la universidad para responder y sostener procesos formativos con normalidad.
Finalmente, el gremio solicitó la intervención de las autoridades y pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría General de la República una supervisión estricta sobre el uso de los recursos, dada la gravedad de la crisis institucional.
Al final, lo que está en juego es más que un ajuste administrativo: se trata de la confianza en la gestión universitaria y de cómo se protege el derecho a una educación estable mientras la universidad atraviesa este momento de alta tensión.