La Presidenta Claudia Sheinbaum se siente segura —o al menos así lo proyecta— respecto a la protección de datos en el registro de líneas telefónicas. Durante la mañanera, se le preguntó si este proceso realmente garantiza la seguridad del usuario, sobre todo después de que la Corte pusiera el dedo en la llaga sobre el famoso ‘SIM swapping’. Según ella, todo está bajo control y la responsabilidad recae directamente en las compañías, Telcel, AT&T y las demás.
Es curioso, porque apenas hace unos días, aquí en Misryoum reportamos que la Corte determinó que las telefónicas sí son civilmente responsables cuando su negligencia permite que alguien más se apropie de tu línea. La Presidenta insiste en que el apoyo de la Agencia de Transformación Digital es suficiente, calificando el caso que llegó a los tribunales como algo meramente particular. Bueno, quizás es solo un caso, pero el olor a café quemado en la sala de juntas mientras revisamos estos expedientes me hace pensar que el problema de fondo es más grande de lo que se admite en Palacio.
El asunto es serio. Imagina despertar un día y que tu celular simplemente deje de tener señal. Luego, empiezan a llegar notificaciones de que tus contraseñas han sido cambiadas: Facebook, el correo, los bancos. Eso le pasó a una mujer en 2019. Alguien pidió su tarjeta SIM en Chihuahua mientras ella estaba en otra parte y, de repente, sus fotos privadas terminaron donde no debían. Misryoum ha seguido el proceso legal desde que la empresa intentó lavarse las manos, acusando a la propia usuaria de ser responsable por usar su número para recuperar claves.
La Corte, sin embargo, no compró la historia de la empresa. Fue tajante: las concesionarias no pueden ser indiferentes ni flexibles. Se les exige un deber de diligencia mínima. Si fallan, son responsables de la vida digital que se les confía. Y es que, ¿cómo se le puede pedir a una víctima que pruebe que el protocolo de seguridad de una gigante tecnológica fue vulnerable?
El presidente del máximo tribunal lo dijo muy claro: no se puede permitir la revictimización. Ahora, la Décima Sala Civil tendrá que recalcular la indemnización, porque el daño fue real y profundo.
Aunque el Gobierno insista en que todo está garantizado, las fallas en los procesos de verificación de identidad son una realidad. La tecnología es rápida, pero a veces la responsabilidad de las empresas se queda muy atrás. Tal vez solo sea cuestión de tiempo para que esto cambie, o quizás sigamos viendo más casos así en el futuro —hay que estar atentos a lo que pase después.