Tras un ataque de un perro a un menor en Punta Arenas, la justicia dictó una sentencia que obliga al dueño a pagar multas y cumplir medidas de seguridad estrictas, marcando un precedente de responsabilidad civil.
La justicia ha dictado una sentencia condenatoria contra el dueño de un perro que protagonizó un grave ataque a un menor de edad en el Condominio Monte Tarn de Punta Arenas.. El incidente, ocurrido en diciembre de 2025, dejó a la víctima con lesiones de alta complejidad que requirieron atención quirúrgica de urgencia en el Hospital Clínico de la ciudad.
El episodio ocurrió en un área común del recinto, donde el menor sufrió mordeduras en sus genitales, un suceso que conmocionó a los residentes locales.. Tras el ataque, la Municipalidad de Punta Arenas intervino activamente, buscando no solo sancionar al responsable, sino también establecer un precedente sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas.
Responsabilidad y sanciones legales
El tribunal determinó una multa de 10 UTM a beneficio municipal para el propietario del animal.. Además de esta sanción económica, el dueño está obligado a participar en un curso de tenencia responsable e inscribir a su mascota en el registro de animales potencialmente peligrosos.. La sentencia también impone medidas de seguridad estrictas, incluyendo el uso obligatorio de bozal, arnés y correa en todo momento, bajo la supervisión directa de un adulto.
Desde la Dirección Jurídica de la municipalidad, el abogado Patricio Farías confirmó que la resolución está firme.. Al no presentarse apelaciones dentro del plazo legal de diez días, la sentencia quedó ejecutoriada, lo que abre la puerta para que la familia afectada inicie acciones civiles adicionales, considerando el impacto físico y psicológico derivado del incidente.
El impacto de una tenencia descuidada
Es fundamental comprender que este tipo de sucesos no son accidentes fortuitos, sino consecuencias directas de la falta de supervisión y control.. Un perro de carácter agresivo requiere un entorno seguro y una educación constante; cuando un propietario omite estas obligaciones, el riesgo en los espacios compartidos aumenta exponencialmente, convirtiendo áreas de esparcimiento en zonas de peligro potencial para niños y otros vecinos.
La prolongación de los procesos judiciales en casos de lesiones por animales suele ser una crítica recurrente entre la comunidad.. Aunque el sistema logró cerrar este expediente con una condena, el desgaste emocional y los tiempos de espera para las víctimas siguen siendo una brecha que las instituciones deben trabajar para reducir, garantizando reparaciones más ágiles que acompañen la recuperación física del afectado.
Este caso marca un punto de inflexión en cómo la comunidad de Punta Arenas debe abordar la convivencia con mascotas de gran tamaño o temperamento difícil.. La normativa vigente no es una sugerencia, sino un marco de protección social.. El cumplimiento riguroso de estas medidas es la única forma de evitar que una tragedia se repita, protegiendo así el bienestar de los sectores residenciales donde la convivencia es cotidiana.