La reciente regularización migratoria, gestionada a través de un real decreto, ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia en la toma de decisiones: la marginación de la sede parlamentaria en asuntos que definen la estructura social y económica del país.. Mientras la política exterior se desplaza hacia China y la económica se ajusta desde organismos internacionales, las reformas de gran impacto llegan a la ciudadanía como productos cerrados, exentos del necesario filtro de la deliberación pública.
Un cambio en la arquitectura democrática
Este proceso, impulsado por el Gobierno, ha dejado a las Cortes en un papel meramente testimonial.. Al utilizar el formato de decreto para una medida tan compleja como la regularización de migrantes, el Ejecutivo ha optado por la vía ejecutiva en lugar de la legislativa.. Esta distinción es fundamental: mientras que una ley exige un proceso de enmiendas, comparecencias y contraste de visiones, el decreto se presenta como una imposición que el Parlamento apenas puede ratificar o rechazar, eliminando de facto la capacidad de mejora técnica y consenso político.
La implicación de este proceder es profunda.. La regularización de cientos de miles de personas no es una cuestión meramente administrativa; es un fenómeno que impacta directamente en el mercado laboral, la capacidad de acogida de los ayuntamientos, los servicios educativos y la cohesión social.. Al saltarse el debate en las Cortes, el Gobierno renuncia a la oportunidad de anticipar los efectos de segundo orden, como la presión sobre los servicios públicos o la adaptación de los municipios pequeños, que requieren una planificación rigurosa y no una respuesta apresurada.
La erosión de la economía moral
El problema trasciende lo jurídico.. Existe una suerte de economía moral en la democracia donde el procedimiento es, en última instancia, el fondo de la cuestión.. Cuando los grandes asuntos nacionales se deciden en despachos ministeriales, se traslada a la ciudadanía un mensaje peligroso: la idea de que el Parlamento es un mero decorado y que la democracia se reduce a un trámite electoral cada cuatro años.. Este desprecio por las formas no es una cuestión técnica de leguleyos, sino un síntoma de una democracia que se debilita por una lenta desgana.
En Misryoum observamos cómo este modo de proceder genera una desconexión creciente entre las decisiones tomadas en el poder y la realidad que viven los ciudadanos en sus barrios.. La eficacia a corto plazo, buscada mediante la imposición, suele chocar con la falta de legitimidad social que aporta el debate amplio.. Una reforma de esta envergadura necesita del consenso de quienes conviven en el tejido cotidiano, desde los inspectores de trabajo hasta los gestores locales.
La democracia, en su esencia más pura, es tiempo y es palabra.. Al sustituir la deliberación por la urgencia, el Estado corre el riesgo de caer en una inercia donde la justificación ante el discrepante pierde valor.. La prudencia, que debería ser la compañera inseparable de cualquier política social, queda relegada a un segundo plano.. Si el Gobierno prescinde de la conversación pública, termina por desvirtuar el espíritu del régimen, convirtiendo el debate parlamentario en un hiato prescindible en lugar de ser el motor de nuestra convivencia política.