Misryoum informa que el JEM analiza el arresto domiciliario otorgado por el juez Nelio Prieto a un extraditado acusado de millonarias estafas.
Una decisión que se esperaba cerrada volvió a encender el debate: el JEM puso de nuevo en el centro de la escena al juez Nelio Prieto Otazú tras el arresto domiciliario concedido a un extraditado acusado de millonarias estafas.
Según informó Misryoum, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomó conocimiento formal del caso en su última sesión ordinaria, al analizar una publicación periodística que dio cuenta del beneficio otorgado por el magistrado.. En el punto III del orden del día, el órgano dejó abierta la posibilidad de iniciar una investigación preliminar o incluso avanzar con un enjuiciamiento de oficio, siguiendo lo previsto en la Ley 6814/2021.
El calendario también pesa: el plazo para actuar se cumpliría el próximo 2 de junio de 2026.. Mientras tanto, el expediente se sostiene sobre acusaciones vinculadas a una supuesta estafa de USD 2,3 millones contra el Banco do Brasil y otro presunto desfalco cercano a USD 7 millones contra CAISA S.A., que derivaron en pedidos internacionales para localizar al imputado.
En este contexto, el detalle que más irritó a la discusión pública es el contraste entre el tiempo transcurrido y la medida aplicada. Cuando el expediente viene de una extradición reciente, cada paso procesal se mira con lupa por el impacto que puede tener en la confianza social.
Misryoum consignó que, tras su captura en Argentina en diciembre de 2025 y su detención durante cuatro meses, el empresario fue extraditado al Paraguay el 21 de abril.. Sin embargo, la polémica se instala por el margen de maniobra que tuvo el juez Prieto al resolver, un día después de la extradición, un arresto domiciliario en lugar de una reclusión preventiva.
La controversia se explica, además, por las contradicciones con decisiones previas: un juzgado había ordenado su ingreso al penal regional al considerar el alto riesgo de fuga, basándose en su prolongada evasión y vínculos internacionales.. Frente a ello, el juez Prieto sustentó la medida en un certificado de residencia emitido el mismo día de llegada al país.
La defensa también mencionó supuestos problemas de salud para justificar una medida menos gravosa, pero el cuestionamiento se centra en que no se presentaron estudios concluyentes que respalden esa postura.. A ello se suma el monto de la caución fijada en 100 millones de guaraníes, que para varios observadores resulta desproporcionado si se compara con la magnitud de los hechos atribuidos y con el historial de fuga.
Este tipo de escenarios suele concentrar la atención ciudadana porque pone en juego dos variables sensibles: la seguridad del proceso y la credibilidad de las decisiones judiciales.. Cuando ambos elementos chocan, el impacto no se limita a un expediente, sino que salpica la percepción sobre todo el sistema.
No es la primera vez que el juez Prieto Otazú queda bajo la mirada del JEM.. Misryoum recuerda que en 2018 ya fue enjuiciado y suspendido, cuando integraba un Tribunal de Sentencia en Encarnación, por una resolución que había sido considerada irrisoria en un caso de abuso sexual contra un menor, con una alternativa de donación de G.. 5 millones frente a la prisión.
Con estos antecedentes y el nuevo análisis en curso, la decisión del JEM promete reabrir el debate sobre la transparencia, especialmente en causas de alto impacto económico y social.. En el cierre de este capítulo, Misryoum deja claro que el foco vuelve a recaer en la figura del magistrado y en cómo se sostiene, en la práctica, la coherencia judicial..