La nueva normativa de regulación extraordinaria de inmigrantes ya es oficial tras el Consejo de Ministros del pasado martes. Moncloa estima cifras cercanas a los 500.000, aunque los cálculos de expertos elevan la cifra hasta los 850.000 para el arranque de 2025. La realidad, sin embargo, es que el flujo no ha dejado de escalar en estos quince meses donde la entrada y permanencia de extranjeros parece ir a su propio ritmo. O quizás no, pero el caso es que este decreto de autor, nacido a espaldas tanto del Congreso como de las directrices europeas, vuelve a dejar claro que este Gobierno prefiere el BOE antes que el debate sosegado.
Escuché esta mañana el sonido de las sirenas mientras leía el texto y me preguntaba, ¿de verdad esto soluciona algo a largo plazo? No es el primer decreto ni será el último de un Ejecutivo que ordena y manda directamente, haciendo que el Estado se sienta cada vez más personalista. El problema de fondo es esa malformación original: regularizar a personas que ya trabajan en España sin cotizar, sin aportar impuestos directos —aunque consuman servicios públicos como sanidad o transporte—, es una forma de patear la lata hacia adelante. Es, básicamente, no querer mirar el problema de cara.
Esta medida improvisada ignora por completo a la oposición y se aleja de la sintonía que exige la Unión Europea. La libre circulación en el espacio Schengen no se lleva bien con este tipo de ocurrencias unilaterales. Al final, es puro oportunismo, una forma de ir tirando mientras se mira de reojo a las encuestas electorales. La corriente migratoria sigue siendo unidireccional, como si se tratase de una atracción inevitable, aunque claro, al campo no se le pueden poner puertas —o eso dicen—. Pero se debería ordenar.
El terreno de una verdadera política concertada sigue estando, tristemente, inexplorado. Solo hemos visto palos de ciego, nada que se parezca a una estrategia europea sólida. Por cierto, recientemente el Parlamento Europeo aprobó un reglamento de retorno con 380 votos a favor; una puerta abierta a deportaciones a terceros países cuando las solicitudes sean rechazadas. Aún no es definitivo, claro.
Es curioso, porque aunque el Pacto de Migración y Asilo que entrará en vigor en junio suena bastante más duro —con esa terminología de “desechables” que resulta tan incómoda—, uno termina pensando si el parche de Sánchez, al menos, es preferible a la frialdad de Bruselas. O tal vez no. Es una pregunta que queda en el aire, igual que la falta de una política migratoria que no sea un simple remiendo temporal para ir tirando. Quizás algún día nos sentemos a planificar de verdad en lugar de improvisar sobre la marcha, pero hoy parece un sueño lejano.