Dos normas de 2025 y 2026 regulan residencias de cuidados para mayores y personas con discapacidad. Aunque abren espacio a lo privado, lo someten a autorizaciones, licencias y supervisión sanitaria constante.
La publicación de nuevas normas sobre residencias de cuidados en Cuba vuelve a colocar el foco en cómo el Estado permite —y a la vez limita— la iniciativa privada.
La Gaceta Oficial No.. 35 Ordinaria de 2026 recoge dos disposiciones que, bajo un lenguaje de ordenamiento técnico, consolidan un patrón: abrir ciertos espacios a actores no estatales y, después, encajarlos en un entramado administrativo que reduce su autonomía.. Las normas en cuestión son la Resolución 247/2025 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y la Resolución 50/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), dirigidas a regular servicios de cuidado a personas mayores y con discapacidad.
A primera vista, el movimiento parece responder a una necesidad real: Cuba vive un acelerado envejecimiento poblacional y, en la práctica, el sistema público de salud no llega a cubrir toda la demanda de cuidados de manera suficiente.. La promesa implícita es clara: si existen familias que requieren apoyo diario o atención permanente, permitir que privados organicen residencias podría aliviar la carga.. Pero el examen detallado de las reglas empuja a otra lectura: más que liberar el sector, el objetivo se orienta a incorporarlo a una lógica de supervisión estatal estrecha.
La Resolución 247/2025 parte de un reconocimiento importante: actores no estatales pueden prestar servicios de cuidado.. Sin embargo, lo relevante es el “cómo”.. El texto establece un sistema de autorización previa, supervisión continua y una lista de “premisas” cuya formulación ambigua deja margen a discrecionalidades administrativas.. En ese marco, la iniciativa privada no aparece como un derecho que habilita libertad de operación, sino como una actividad que puede existir siempre que cumpla condiciones previamente definidas y, sobre todo, controladas.
Para operar residencias en Cuba, el interesado debe cumplir —según el contenido descrito en la norma— con seis condiciones centrales.. Entre ellas están disponer de un local adecuado, en buen estado constructivo, sin barreras arquitectónicas y con servicios esenciales (electricidad, agua potable, ventilación e iluminación).. También se exige un entorno saludable.. En personal, la norma obliga a que los cuidadores estén certificados por escuelas habilitadas en cada territorio.. A nivel administrativo se requiere una licencia sanitaria, y además se exige que el titular haya recibido capacitación oficial como cuidador, certificada por la Dirección General de Salud Pública municipal.
Hay otro requisito que suele pasar desapercibido, pero que afecta la forma en que se puede “armar” un negocio: reservar al menos un 10% de la capacidad del servicio para atender necesidades de interés social.. No es un detalle menor.. En términos prácticos, obliga a la residencia a mantener un porcentaje de cupos con una finalidad que no responde únicamente a la demanda pagada, sino a un criterio social definido desde la regulación.
La norma distingue tres modalidades de prestación.. Están las residencias de cuidados diurnos (de 8:00 a.m.. a 6:00 p.m., sin pernocta), las residencias permanentes (24 horas, con residencia y noche) y las residencias mixtas o combinadas, que integran atención diurna y estancia permanente.. El esquema no solo organiza horarios: también marca responsabilidades sanitarias y logísticas que, cuando se combinan con controles, pueden encarecer el funcionamiento y volver más compleja la operación cotidiana.
En el corazón del modelo aparece la articulación con el sistema público de salud.. El Artículo 8 regula el funcionamiento sanitario bajo una lógica que, según el texto, integra a las residencias al área sanitaria correspondiente y las concibe como una especie de “comunidad cerrada” en su entorno.. El acceso se condiciona a la situación de salud del beneficiario: para ingresar se exige un resumen de historia clínica emitido por el médico de familia, y se limita la admisión si hay enfermedades infectocontagiosas sin control o si se requiere atención hospitalaria inmediata.
Una vez dentro, la atención médica queda organizada con evaluaciones periódicas mensuales por especialistas designados por el policlínico, además de controles específicos como la evaluación estomatológica anual prevista en programas nacionales.. También se contempla la atención de patologías crónicas y, cuando el beneficiario no puede desplazarse, la rehabilitación se presta en la residencia tras coordinación con el área de salud.. Aun así, los tratamientos y pruebas diagnósticas más complejas continúan dependiendo de hospitales y centros públicos.. En otras palabras: el servicio privado puede operar cuidados y parte de la rehabilitación, pero el “núcleo” sanitario más especializado se mantiene en el circuito público.
Para la gestión práctica, el titular debe asumir tareas operativas relevantes: garantizar traslados médicos, coordinar tratamientos en pacientes con movilidad reducida y asegurar conexión constante con el sistema de salud.. Las urgencias se canalizan a través del sistema público general.. Incluso la alimentación queda intervenida: el menú debe ajustarse a orientaciones nutricionales oficiales supervisadas por autoridades sanitarias municipales.. Esa suma de requisitos deja ver la tensión de fondo: se reconoce el rol de quienes cuidan, pero se reserva al Estado el control sobre cómo se cuida.
El Artículo 9 completa el cerco con condiciones materiales de funcionamiento: infraestructura en buen estado, confort, seguridad y accesibilidad (incluida la ausencia de barreras arquitectónicas).. También se exige disponibilidad operativa de servicios básicos, manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos, almacenamiento seguro de agua y agua caliente para el aseo.. En habitabilidad interna se incorporan exigencias como evitar hacinamiento (con distancias mínimas entre camas), contar con baños adaptados, puertas accesibles para sillas de ruedas, mobiliario adecuado y sistemas alternativos de energía eléctrica para continuidad del servicio.
La Resolución 50/2026, por su parte, encaja el esquema desde la parte económica-administrativa: fija una tarifa de 500 pesos para el curso obligatorio de capacitación de cuidadores.. En apariencia es un componente técnico, pero cumple una función de barrera de entrada.. No basta con tener intención de trabajar; hay que pagar, certificarse y someterse a un circuito formativo cuyo control permanece —por el diseño descrito— en manos del Estado o de instancias habilitadas por él.
El resultado es un modelo híbrido, atravesado por tensiones conocidas.. Por un lado, la realidad económica obliga a reconocer que el Estado no puede cubrir por sí solo todas las necesidades sociales, especialmente en el cuidado de ancianos y personas con discapacidad.. Por otro, persiste una desconfianza estructural hacia la autonomía privada, que se traduce en regulación intensiva, vigilancia constante y exigencias que, en la práctica, desbordan el “riesgo” sanitario y se vuelven una carga operativa.
Hay además una capa jurídica que explica la coherencia del diseño: las normas se alinean con la Constitución de 2019, que admite formas de gestión no estatal, pero mantiene al Estado como eje rector de la economía y de los servicios sociales.. Coherencia, sin embargo, no equivale a eficacia.. Cuando el control se vuelve excesivo o difícil de cumplir, el efecto puede ser doble: desalentar la iniciativa formal y, al mismo tiempo, empujar la actividad hacia la informalidad o generar cuellos de botella en un sector que justamente necesita crecer con flexibilidad.
En un país donde muchas familias cargan con el cuidado en condiciones difíciles, estas reglas importan más allá del papel.. Definen quién puede abrir una residencia, en qué condiciones y con qué márgenes de decisión diaria.. Y también marcan el ritmo con el que el mercado —si se le puede llamar así— podría absorber una demanda creciente.. La pregunta que queda en el aire es simple y sensible: si el objetivo era aliviar la falta de cuidados, el exceso de permisos, licencias, cupos sociales y controles constantes, ¿terminará convirtiéndose en el obstáculo principal?