Confirmada la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana a partir del 11 de mayo

La enseñanza pública valenciana inicia una huelga indefinida el 11 de mayo tras una asamblea telemática. Sindicatos piden recuperar poder adquisitivo, más plantillas y mejores centros.
La enseñanza pública en la Comunitat Valenciana ha confirmado una huelga indefinida que arrancará el 11 de mayo. La decisión se tomó tras una asamblea virtual con una participación masiva de docentes.
La movilización fue ratificada por los sindicatos mayoritarios —STEPV, CCOO y UGT— junto a la Coordinadora de Asambleas de Docentes del País Valencià (CADPV).. En los últimos días, el debate interno en el sector se movió entre distintas fórmulas de presión.. Primero se llegó a contemplar un paro temporal de una semana, pero finalmente se impuso la opción de una huelga sin fecha de finalización, una apuesta que busca sostener la negociación con el mayor nivel de impacto posible.
La fecha clave, según el acuerdo alcanzado, es el 11 de mayo.. La medida obtuvo además respaldo en una encuesta previa: el 38,05% de los docentes consultados se posicionaron a favor.. El pulso sindical se apoya en una pauta de movilización escalonada: se ha acordado una gran manifestación centralizada en Valencia, junto con protestas y acciones en las tres capitales de provincia, además de convocatorias a escala comarcal.
La asamblea telemática que dio el paso definitivo también dejó un dato llamativo sobre la tensión del momento.. El sistema llegó a colapsarse de forma inicial cuando se alcanzó el límite de 1.000 profesionales conectados simultáneamente, lo que los convocantes interpretan como una alta implicación del colectivo.. Más allá del trámite, la imagen de decenas de pantallas —y la sensación de atasco en la plataforma— resume el tipo de clima que se está trasladando a las aulas.
En el origen del conflicto está la percepción de que la negociación con la Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, se ha agotado en la mesa sectorial.. Los docentes sostienen que no se han aceptado sus demandas principales, y por eso la huelga se plantea como un mecanismo para forzar un nuevo marco de negociación.
Entre las reivindicaciones destacan tres ejes.. Primero, la compensación salarial: piden una subida que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y equiparar los sueldos a los del resto de docentes en España.. Segundo, mejoras laborales, con incremento de plantillas y reducción de ratios de alumnos por aula.. Tercero, la renovación de infraestructuras, aludiendo a la necesidad de actualizar centros educativos y poner freno al desgaste acumulado.
Hay un elemento que hace más delicado el calendario: la huelga coincide con la recta final del curso escolar, una fase especialmente sensible por exámenes, evaluaciones y trámites que dependen de la actividad regular de los centros.. La consellera Carmen Ortí, según lo comunicado por la administración, ha apelado a la “responsabilidad” para evitar el paro.. Frente a ese mensaje, los convocantes defienden que la administración debe trabajar para garantizar, por un lado, el derecho a la huelga y, por otro, el derecho del alumnado a poder examinarse.
El pulso se jugará también en torno a los servicios mínimos que, previsiblemente, decrete la Generalitat.. Los sindicatos han trasladado su confianza en que la presión obligue a retomar negociaciones, pero advierten de que los servicios mínimos no deberían ser “abusivos”.. En paralelo, la Conselleria ha señalado que realizará valoraciones oficiales el jueves, una fecha que los centros y las familias miran con atención porque condicionará cómo se organiza el final de curso.
Para muchas familias, el impacto no se reduce a una jornada: el carácter indefinido aumenta la incertidumbre sobre la planificación de exámenes y la continuidad de los apoyos dentro del sistema educativo.. En términos de convivencia escolar, además, la tensión puede amplificarse al tener que ajustar horarios, informar con rapidez y coordinar la actividad entre etapas y centros.