El CNE enfrenta cuestionamientos por cancelar organizaciones políticas ignorando los plazos legales, un acto que pone en duda el respeto al Estado de derecho.
El Concejo Nacional Electoral (CNE) ha vuelto a encender las alarmas al tomar decisiones que desafían los principios fundamentales del derecho público y el orden constitucional establecido.
En un Estado de derecho, la administración pública se rige por la máxima de que solo está permitido lo expresamente facultado por la ley, manteniendo límites temporales que no admiten interpretaciones arbitrarias.. Sin embargo, el reciente accionar del organismo electoral ha ignorado estos cauces al cancelar organizaciones políticas fuera del tiempo estipulado.
Resulta inquietante que esta transgresión haya sido admitida públicamente por los propios consejeros, quienes reconocieron en sesión que la medida se adoptó una vez vencido el plazo legal para ejecutar tales acciones.
Este proceder pone de relieve la erosión de las garantías institucionales, donde la seguridad jurídica se ve supeditada a decisiones administrativas que, lejos de blindar el proceso electoral, generan un manto de duda sobre la transparencia y la legalidad del mismo.
La normativa vigente es categórica al señalar que la cancelación de partidos debe resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a las urnas. Con el adelanto electoral fijado para el próximo ciclo, el tope máximo era el 3 de abril de 2026, una fecha que el ente ignoró por completo.
El hecho de que el propio cuerpo colegiado admita la infracción de los plazos es un síntoma preocupante de una gestión que parece actuar por encima de la Constitución, ignorando los manuales básicos que definen la competencia de los funcionarios públicos.
La defensa de argumentos jurídicamente insostenibles por parte de algunos consejeros solo profundiza la crisis de confianza, obligando a los ciudadanos a cuestionar si las reglas del juego democrático están siendo aplicadas bajo criterios técnicos o bajo intereses particulares.
Cuando las instituciones encargadas de velar por el respeto a las normas deciden ignorarlas deliberadamente, el sistema pierde su columna vertebral y deja a la sociedad en una situación de indefensión frente a la arbitrariedad política.
La persistencia en estas prácticas no es solo un descuido administrativo, sino una señal de alerta que exige la intervención de los organismos de control para evitar que la inseguridad jurídica se convierta en la norma.
Finalmente, la omisión de los tiempos legales marca un precedente peligroso que debilita el Estado de derecho, pues la legitimidad de cualquier democracia reside en el estricto cumplimiento de las leyes que regulan a sus propios actores.