El Ministerio Público investiga a altos funcionarios de la ONPE por fallas logísticas críticas durante la jornada electoral del 12 de abril, en un caso que involucra presunta colusión agravada.
El Ministerio Público ha intensificado las investigaciones sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras los graves fallos logísticos ocurridos durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.. Lo que comenzó como una serie de retrasos en Lima y Callao se ha transformado en un complejo proceso judicial por presunta colusión agravada que alcanza a la cúpula de la institución.
La lista de investigados incluye nombres de peso en la estructura organizacional de la ONPE, tales como Piero Corvetto, José Samamé Blas, Juan Phang Sánchez, Hilda Otoya Alvarado, William García Velázquez, Lilia Flores Banco y Juan Alvarado Pfuyo.. La denuncia penal, presentada originalmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sostiene que estas deficiencias no fueron simples errores operativos, sino actos que podrían constituir una omisión de funciones y una afectación directa al derecho fundamental al voto de miles de ciudadanos.
El rol de la cúpula ante la crisis logística
Piero Corvetto, como máxima autoridad ejecutiva, tenía la responsabilidad última sobre la planificación y ejecución de los comicios.. Tras su ratificación en 2024, su gestión se vio sometida al escrutinio público cuando, durante su comparecencia ante el Parlamento, admitió las fallas pero intentó deslindar responsabilidades directas al señalar a la subgerencia de producción electoral.. Esta postura generó fuertes críticas, puesto que, en la práctica, el diseño de la cadena operativa —desde la distribución del material hasta la instalación de las mesas— dependía de las directrices emanadas de su despacho.
Por otro lado, la figura de José Samamé Blas destaca como el punto crítico de esta investigación.. Como gerente de Gestión Electoral, Samamé supervisó los contratos con las empresas encargadas de la logística.. Su renuncia inmediata tras el caos del 12 de abril y su posterior detención policial sugieren que las irregularidades estaban estrechamente vinculadas a la toma de decisiones administrativa.. A pesar de que Samamé ha negado cualquier responsabilidad directa, los testimonios recabados por Misryoum indican que su rol fue fundamental en la validación de los términos de referencia que hoy están bajo sospecha.
Implicancias de una investigación de gran calado
Este proceso judicial no es solo un caso administrativo, sino un golpe a la confianza ciudadana en el sistema democrático peruano.. La inclusión de Juan Phang Sánchez en esta trama, un funcionario previamente vinculado a investigaciones sobre redes de influencia política, añade una capa de complejidad que sugiere que la falla pudo tener motivaciones más profundas que una simple incompetencia técnica.. La Fiscalía ahora trabaja contrarreloj analizando comunicaciones internas y correos electrónicos que podrían revelar si existió una coordinación deliberada para favorecer intereses particulares durante la distribución de materiales.
Es necesario entender que una elección no solo se define en las urnas, sino en la impecable logística que garantiza que cada voto llegue a su destino.. Cuando esta cadena se rompe, las consecuencias repercuten en la legitimidad del proceso.. La sociedad exige transparencia absoluta, y este caso marcará un precedente sobre cómo la justicia peruana evalúa la responsabilidad política frente a los desastres de gestión pública.. El desenlace de esta investigación definirá si los altos mandos pueden seguir operando bajo el amparo de la jerarquía o si, finalmente, rendirán cuentas por las fallas que paralizaron la voluntad popular.